Vidal Gamonales

El mundo es de los curiosos y soy muy curioso

  • Las reformas educativas españolas

    De la EGB a la LOMLOE: décadas de reformas educativas y una pregunta que PISA vuelve a poner sobre la mesa: ¿por qué seguimos sin resolver lo esencial?

    En España, cada reforma educativa llega con una promesa de salvación. El Gobierno que la aprueba anuncia modernización, calidad o igualdad de oportunidades. La oposición denuncia un desastre y prepara su derogación. Los profesores reciben nuevas instrucciones. Las familias intentan comprender qué cambia. Los alumnos continúan creciendo mientras los adultos discuten.

    Después llega PISA y el debate vuelve a empezar.

    Los resultados de 2025, publicados en septiembre de 2026, han reabierto la preocupación por el retroceso español en lectura, matemáticas y ciencias. La cobertura del informe recoge una caída especialmente acusada en comprensión lectora respecto a 2022. Es una señal seria que merece algo más que una batalla de titulares. El País

    Mi crítica parte de ahí: hemos dedicado demasiada energía a discutir quién escribe las reglas y demasiado poca a comprobar qué necesita un alumno para aprender mejor.

    La nostalgia tampoco aprueba el examen

    La Ley General de Educación de 1970 organizó la EGB, el BUP y una estructura escolar que permanece en la memoria de varias generaciones. Estableció una educación general básica obligatoria y gratuita y planteó ampliar las oportunidades educativas. Fue una transformación relevante, aunque naciera dentro de una dictadura. Ley General de Educación, BOE

    Pero convertir aquella escuela en un paraíso perdido es una simplificación.

    Recordar que aprendíamos las capitales, hacíamos divisiones a mano o respetábamos al profesor no demuestra que todo el sistema funcionara mejor. Tampoco podemos comparar directamente aquella escuela con PISA: esta evaluación comenzó décadas después.

    Podemos reivindicar el valor de la memoria, la práctica y el conocimiento sin idealizar el autoritarismo. Y podemos criticar la educación actual sin utilizar nuestra infancia como si fuera una investigación científica.

    La LOGSE: ampliar derechos exigía transformar las aulas

    La LOGSE de 1990 extendió la enseñanza básica obligatoria hasta los dieciséis años y reorganizó las etapas educativas. Mantener durante más tiempo a los jóvenes dentro del sistema fue una conquista social. Presentarla como el origen automático de todos nuestros males resulta intelectualmente cómodo y poco riguroso. LOGSE, BOE

    Ahora bien, ampliar la escolarización implica asumir una responsabilidad enorme: atender capacidades, dificultades y circunstancias familiares distintas durante más años.

    Ahí debe situarse la exigencia política. ¿Se acompañan los derechos reconocidos con apoyos suficientes? ¿Se detecta a tiempo al niño que empieza a quedarse atrás? ¿Dispone el docente de condiciones reales para atenderlo?

    La inclusión pierde credibilidad cuando se limita a mantener al alumno sentado en el aula mientras sus dificultades crecen. Una escuela justa debe conseguir que avance.

    De la LODE a la LOE: gobernar el sistema no garantiza mejorar el aprendizaje

    La LODE de 1985 reguló el derecho a la educación, la participación y el régimen de conciertos. La LOE de 2006 volvió a ordenar el sistema educativo. Conviene recordar esta diferencia: las leyes educativas no han sido todas nuevos planes de estudio ni han cambiado exactamente las mismas cosas. LODE, LOE

    Sin embargo, el debate público termina absorbido con facilidad por la estructura del sistema: quién gestiona, quién financia, quién decide y qué espacio ocupa cada red escolar.

    Son cuestiones importantes. Pero una familia también necesita saber algo mucho más concreto: qué ocurrirá cuando su hijo llegue a tercero de Primaria sin comprender bien un texto.

    Una administración debería poder responder con un procedimiento, profesionales y recursos. Las declaraciones de principios no bastan.

    La LOCE y la LOMCE: exigir también obliga a proporcionar medios

    La LOCE de 2002 puso el acento en el esfuerzo, la exigencia y la evaluación. La LOMCE de 2013 reforzó el papel de las evaluaciones externas e introdujo cambios en las trayectorias educativas. LOCE, LOMCE

    Es razonable exigir. Aprender requiere perseverancia, práctica y capacidad para afrontar dificultades.

    Pero quienes defienden la cultura del esfuerzo deben aplicársela también a la Administración. Hay que exigirle que proporcione refuerzo, que forme y acompañe al profesorado y que evalúe sus propias decisiones.

    Un examen puede identificar una dificultad. Resolverla requiere enseñanza.

    La exigencia resulta poco convincente cuando toda la responsabilidad recae sobre el estudiante y apenas se examinan las condiciones en las que aprende.

    La LOMLOE: las buenas intenciones deben demostrar resultados

    La LOMLOE de 2020 modificó la LOE, revirtió elementos de la LOMCE y reforzó principios relacionados con la inclusión, la equidad y el aprendizaje competencial. Es legítimo defender esos objetivos. También lo es exigir resultados a quienes los convierten en política educativa. LOMLOE, BOE

    La palabra «competencia» no debería provocar una guerra cultural. Aplicar conocimientos es necesario. Precisamente por eso hace falta adquirirlos y consolidarlos.

    Para interpretar un gráfico hay que comprender sus magnitudes. Para analizar una noticia hay que entender el texto y disponer de referencias. Para argumentar hay que conocer aquello sobre lo que se habla.

    Mi objeción aparece cuando el lenguaje de la innovación ocupa más espacio que la explicación de cómo se aprenderá mejor. Cualquier reforma debe demostrar qué aporta dentro del aula, cuánto trabajo exige y qué resultados obtiene.

    Tampoco sería serio atribuirle a una sola ley toda la caída de PISA. Los alumnos evaluados acumulan años de escolarización, experiencias y condiciones sociales. Esa complejidad impide señalar un culpable único; no exonera al Gobierno de evaluar lo que está haciendo.

    El profesor en medio de nuestras contradicciones

    Pedimos al docente que personalice la enseñanza, motive, evalúe, atienda conflictos, detecte dificultades y mantenga contacto con las familias. Cada objetivo puede ser razonable. Su suma exige tiempo y recursos.

    Antes de añadir otra obligación, deberíamos preguntar qué tarea se elimina y qué apoyo se incorpora.

    Defender al profesorado significa escuchar su experiencia, proteger el tiempo de enseñanza y ofrecer formación útil. También supone evaluar las prácticas y corregir lo que no funciona.

    La confianza profesional y la rendición de cuentas pueden convivir. Lo difícil es enseñar mientras cada cambio político obliga a justificar de nuevo hasta el vocabulario del trabajo.

    Las pantallas no pueden convertirse en la excusa universal

    El deterioro educativo aparece también en otros países. La OCDE describe un panorama de estancamiento o retroceso en numerosos sistemas. Eso obliga a mirar más allá de nuestras leyes, hacia las transformaciones sociales y los hábitos de aprendizaje. OCDE, PISA 2025

    Pero el contexto internacional no sirve de absolución.

    La tecnología educativa debe justificar su utilidad. Comprar dispositivos es una decisión sencilla de anunciar; mejorar la comprensión lectora exige continuidad y seguimiento.

    Con la inteligencia artificial, la pregunta es todavía más urgente: ¿está ayudando al alumno a comprender o está haciendo por él el trabajo que necesita practicar?

    Esa diferencia debería orientar las decisiones.

    Cómo hemos llegado hasta aquí

    A mi juicio, el problema español está en la distancia persistente entre las promesas y su ejecución: entre reconocer dificultades y atenderlas pronto; entre aprobar reformas y evaluar sus efectos; entre exigir resultados y proporcionar condiciones para conseguirlos.

    Las responsabilidades corresponden al Gobierno central, a las comunidades autónomas y a quienes han dirigido estas políticas durante décadas, según sus competencias y decisiones. Repartir responsabilidades no significa diluirlas: significa concretarlas.

    Necesitamos estabilidad en los objetivos básicos, intervención temprana, refuerzo evaluable, apoyo al profesorado y transparencia sobre qué programas funcionan. Cada medida debería tener financiación, responsables y plazos de revisión.

    PISA no mide toda la educación, pero aporta una advertencia que sería irresponsable despreciar cuando incomoda.

    Un país puede pasar años discutiendo cómo llamar a sus asignaturas mientras un alumno sigue sin comprender el enunciado de un problema.

    Ese alumno no necesita otra victoria parlamentaria presentada como una revolución pedagógica. Necesita que alguien detecte su dificultad, tenga tiempo para enseñarle y compruebe que ha aprendido.

    ¿Cuántas reformas más estamos dispuestos a celebrar antes de exigir que esa promesa se cumpla?

  • Laberintos digitales.

    Imaginemos una escena cotidiana. Una persona necesita pedir una cita, presentar un documento o consultar una notificación. Llama por teléfono y una grabación la remite a la página web. Entra en la página y descubre que debe identificarse. Para identificarse necesita una contraseña que no recuerda. Solicita recuperarla y recibe un código en el móvil.

    Cuando consigue introducirlo, la sesión ha caducado.

    Vuelve a empezar.

    La tecnología ha avanzado tanto que ahora podemos desesperarnos sin salir de casa.

    La escena es un ejemplo imaginado, pero permite plantear una pregunta muy real: ¿estamos diseñando servicios para facilitar la vida a las personas o estamos enseñando a las personas a sobrevivir a los servicios?

    Durante más de diez años he formado a personas mayores en nuevas tecnologías. Desde esa experiencia, me interesa especialmente lo que sucede al otro lado de la pantalla: la inseguridad de quien teme equivocarse, el esfuerzo que exige aprender y la importancia de recibir una explicación comprensible.

    Por eso creo que el éxito de una transformación digital debería medirse también por algo sencillo: si la persona consigue resolver lo que necesitaba sin sentirse perdida.

    Digitalizar un obstáculo puede hacerlo más rápido para quien lo administra y más difícil para quien tiene que superarlo.

    Pensemos en todo lo que puede llegar a exigirse para una gestión aparentemente pequeña: localizar el formulario correcto, distinguirlo de otros parecidos, descargar un documento, rellenarlo, firmarlo, convertirlo a un formato admitido y adjuntarlo sin superar el tamaño máximo.

    Después aparece un mensaje:

    «Se ha producido un error».

    Ninguna explicación sobre cuál. Ninguna indicación útil para corregirlo.

    Uno termina echando de menos hasta aquel mostrador donde, al menos, podía preguntar qué faltaba.

    La cuestión merece atención porque una parte de la supuesta simplificación consiste en trasladar tareas al usuario. La organización recibe la información ordenada porque alguien, desde su casa, ha dedicado una tarde a introducirla.

    Ese tiempo también cuenta, aunque no figure en el balance de quien presta el servicio.

    Y cuando la persona no puede hacerlo sola, el trabajo pasa a otra: un hijo, una vecina, una pareja o ese familiar al que le ha tocado convertirse en el departamento informático de toda la familia.

    Siempre hay alguien que «entiende de estas cosas».

    Hasta que ese alguien está trabajando, vive lejos o tampoco comprende qué demonios quiere decir la pantalla.

    Conviene desmontar, además, una confusión muy cómoda: saber utilizar un teléfono no equivale a saber desenvolverse en cualquier procedimiento digital.

    Una persona puede enviar fotografías, hacer videollamadas y consultar el tiempo sin saber cómo firmar electrónicamente una solicitud. Son tareas diferentes, con dificultades distintas.

    Tampoco la juventud garantiza que alguien entienda el lenguaje de un trámite administrativo. Moverse con soltura por una red social ayuda poco cuando hay que averiguar qué documento corresponde presentar y qué consecuencias tiene marcar una casilla.

    El problema puede estar en las instrucciones, en el diseño o en la complejidad del procedimiento. Atribuirlo todo a la falta de habilidades del usuario resulta demasiado fácil.

    Además, aprendemos y utilizamos la tecnología en circunstancias concretas. No es igual rellenar un formulario tranquilamente que hacerlo mientras acompañamos a un familiar enfermo. Ni leer una pantalla con buena vista que intentar descifrar una letra diminuta. Ni recordar una contraseña habitual que recuperar una cuenta que solo se utiliza una vez al año.

    La autonomía digital puede cambiar con la edad, con la salud o simplemente con un mal día.

    Un servicio bien diseñado debería tenerlo en cuenta.

    Hay también una dimensión menos visible: la intimidad.

    Cuando alguien necesita ayuda para consultar un informe, revisar una prestación o completar una gestión bancaria, puede terminar compartiendo información que preferiría reservarse. Pedir ayuda a una persona de confianza puede ser un alivio; depender obligatoriamente de ella para cada trámite es otra cosa.

    A esa dependencia puede sumarse la vergüenza.

    «Esto es muy fácil».

    Pocas frases ayudan tan poco cuando alguien lleva media hora intentándolo.

    Para quien conoce el camino, quizá lo sea. Para quien teme pulsar donde no debe, enviar algo incorrecto o perder lo que acaba de rellenar, cada paso exige una seguridad que la pantalla no siempre proporciona.

    La formación es necesaria, pero también lo es la paciencia. Y, sobre todo, reconocer que el diseño tiene responsabilidades. No podemos resolver todas las dificultades pidiendo al ciudadano que haga otro curso.

    Defiendo la tecnología precisamente porque conozco su capacidad para ahorrar desplazamientos, acercar información y facilitar tareas. Poder resolver una gestión desde casa puede ser una enorme ventaja.

    Para que esa ventaja llegue a más personas, necesitamos cambiar algunas prioridades.

    La primera es escribir para quien va a utilizar el servicio. Explicar qué se necesita antes de empezar, cuánto puede tardarse y qué ocurrirá después. Las instrucciones deberían permitir actuar sin tener que traducir cada frase.

    La segunda es reducir pasos. Antes de convertir un procedimiento en formulario, convendría preguntarse si hacen falta todas sus casillas y documentos. Una burocracia innecesaria sigue siéndolo aunque tenga un diseño moderno.

    La tercera es permitir errores y recuperarse de ellos. Guardar lo ya introducido, señalar con claridad qué falta y ofrecer una solución concreta. Equivocarse no debería obligar a comenzar desde cero.

    La cuarta es facilitar ayuda humana accesible. Cuando un sistema automático no resuelve el problema, tiene que existir una salida que permita hablar con alguien capaz de intervenir.

    Y la quinta es conservar alternativas adecuadas para quienes las necesitan. El teléfono y la atención presencial pueden formar parte de un servicio moderno. Su utilidad depende de los problemas que resuelven.

    También deberíamos evaluar de otra manera el resultado. Contar cuántos trámites se han puesto en internet dice poco sobre lo que sucede después. Interesa saber cuántas personas consiguen terminarlos, dónde abandonan y cuántas necesitan que otra persona los complete por ellas.

    Ahí aparece la distancia entre tener una plataforma y prestar un buen servicio.

    Me preocupa que acabemos normalizando una idea: que quien no logra superar el procedimiento es responsable de quedarse fuera. Como si el acceso dependiera de aprobar un examen de contraseñas, archivos y códigos de verificación.

    La tecnología debería ayudarnos a conservar autonomía, tiempo y tranquilidad.

    Cada vez que obliga a una persona a decir «tendré que esperar a que venga alguien a hacérmelo», tenemos una oportunidad de mejorarla.

    Porque detrás de cada trámite hay alguien intentando resolver una necesidad. Conviene diseñar la pantalla sin perderlo de vista.

    ¿Qué trámite digital te ha hecho perder más tiempo y qué cambiarías para que resultara más sencillo?

    Juan Vidal Gamonales Gaspar

  • El control del relato por la clase politica

    La manipulación política no empieza necesariamente con una mentira evidente. A menudo comienza con algo mucho más sutil: elegir de qué se habla, cómo se interpreta y a quién se responsabiliza.

    Mientras la ciudadanía discute sobre la última polémica, comparte una frase indignante o se enfrenta en las redes sociales, el asunto que originó la conversación puede quedar relegado a un segundo plano. Ya no se debate si una decisión fue correcta, si existían alternativas o quién debe asumir responsabilidades. Se debate el relato.

    Esta forma de comunicación no pertenece exclusivamente a la izquierda, a la derecha ni a los extremos. Es una herramienta de poder que puede utilizar cualquier partido, dirigente o institución cuando controlar la conversación resulta más conveniente que explicar la realidad.

    Estas son siete señales que ayudan a reconocerla.

    1. Culpar inmediatamente a un enemigo externo

    Cuando sucede algo grave, una respuesta responsable comienza por recopilar información, comprobar los hechos y explicar qué se sabe y qué falta por conocer.

    La manipulación actúa en sentido contrario: identifica inmediatamente a un culpable.

    Puede ser la oposición, los medios de comunicación, los jueces, los empresarios, los sindicatos, los inmigrantes, los independentistas, «los ultras», las élites o cualquier grupo presentado como una amenaza.

    El objetivo no siempre es demostrar que ese enemigo tenga responsabilidad real. Su función es proporcionar una explicación rápida y emocional que evite mirar hacia la gestión propia.

    La pregunta que debemos hacernos es sencilla:

    ¿Se están aportando pruebas o solamente se está señalando a un adversario conveniente?

    Cuando la acusación aparece antes que los hechos, probablemente no estamos ante una explicación, sino ante una estrategia.

    2. Sustituir los datos verificables por etiquetas emocionales

    Las palabras pueden describir la realidad, pero también pueden impedir que pensemos sobre ella.

    Términos como «traidor», «fascista», «comunista», «antipatriota», «golpista», «radical» o «enemigo del pueblo» tienen una enorme carga emocional. Utilizados indiscriminadamente, sirven para clasificar a una persona antes de escuchar sus argumentos.

    La etiqueta sustituye al razonamiento.

    Ya no es necesario responder a una propuesta económica, una denuncia o una crítica concreta. Basta con situar a quien la formula dentro de una categoría despreciada por el público propio.

    Este mecanismo funciona porque nuestro cerebro reacciona más rápidamente ante una amenaza que ante una estadística. Una palabra cargada de miedo o indignación puede imponerse a diez páginas de datos.

    La señal de alarma aparece cuando abundan los calificativos y escasean las cifras, las fuentes y las explicaciones comprobables.

    3. Presentarse simultáneamente como víctima y salvador

    Uno de los relatos políticos más eficaces consiste en ocupar dos papeles aparentemente contradictorios: el de víctima perseguida y el de único líder capaz de proteger a la sociedad.

    El dirigente afirma que existe una conspiración para derribarlo porque representa al pueblo, combate intereses poderosos o amenaza algún privilegio. De esta manera, cualquier investigación, crítica o información negativa puede presentarse como una prueba más de la persecución.

    El razonamiento se vuelve circular:

    • Si lo apoyan, significa que tiene razón.
    • Si lo critican, significa que quienes conspiran contra él tienen miedo.
    • Si aparecen pruebas incómodas, forman parte de la operación.
    • Si las pruebas no aparecen, es porque los responsables saben ocultarlas.

    Dentro de ese relato no existe ninguna posibilidad real de refutación.

    Al mismo tiempo, el líder se presenta como la única barrera frente al caos. Ya no se pide al ciudadano que valore una gestión, sino que elija entre el salvador y el abismo.

    Cuando una democracia empieza a reducirse a una sola persona supuestamente imprescindible, conviene desconfiar.

    4. Confundir la crítica al Gobierno con un ataque al país

    Un Gobierno no es el Estado. Un partido no es la democracia. Un dirigente no es la nación.

    Sin embargo, la comunicación política intenta frecuentemente borrar estas diferencias. Una crítica a una decisión gubernamental se transforma así en un ataque a España, a sus instituciones o a la voluntad popular.

    La maniobra también puede utilizarse desde la oposición: una decisión discutible del Gobierno se presenta como la destrucción completa del país o como la desaparición inminente de la democracia.

    En ambos casos se elimina el espacio intermedio donde debería desarrollarse la conversación pública.

    Es perfectamente posible defender la sanidad pública y criticar su gestión. Se puede respetar a las fuerzas de seguridad y exigir explicaciones por una actuación concreta. Se puede aceptar un resultado electoral y fiscalizar duramente al Gobierno elegido.

    La democracia no se debilita porque los ciudadanos pregunten. Se debilita cuando preguntar empieza a considerarse una deslealtad.

    5. Repetir una explicación hasta convertirla en «verdad»

    La repetición no demuestra nada, pero genera familiaridad. Y nuestro cerebro tiende a considerar más creíble aquello que ha escuchado muchas veces.

    Por eso los mensajes políticos se construyen mediante frases breves que pueden repetirse en discursos, entrevistas, titulares, vídeos y publicaciones sociales.

    La misma expresión pasa del líder a los portavoces, de los portavoces a los medios afines y de estos a miles de cuentas en redes sociales. En pocas horas, una interpretación interesada puede parecer una conclusión colectivamente aceptada.

    El éxito del mensaje no depende necesariamente de que sea verdadero. Depende de que resulte fácil de recordar y difícil de evitar.

    Frente a la repetición conviene formular tres preguntas:

    1. ¿Cuál es la fuente original?
    2. ¿Qué pruebas sostienen esta afirmación?
    3. ¿Todos los que la repiten están utilizando realmente fuentes distintas?

    Miles de publicaciones pueden proceder de una única afirmación nunca demostrada.

    6. Atacar al mensajero para evitar responder al contenido

    Cuando un periodista publica una información incómoda, un técnico cuestiona una decisión o una institución presenta un informe negativo, existen dos posibilidades: responder a los datos o desacreditar a quien los aporta.

    La segunda suele ser más sencilla.

    Se investiga la ideología del periodista, el pasado del experto, la relación personal del denunciante o la supuesta intención política de la institución. En lugar de discutir si la información es correcta, se intenta demostrar que quien la comunica no merece ser escuchado.

    Naturalmente, las fuentes deben analizarse y los posibles conflictos de interés importan. Pero señalar un sesgo no refuta automáticamente un hecho.

    Una información puede ser cierta aunque la publique un medio que no nos guste. También puede ser falsa aunque proceda de un medio cercano a nuestras ideas.

    La pregunta decisiva no es «¿quién lo dice?», sino:

    ¿Puede demostrarse lo que está diciendo?

    7. Cambiar de tema cuando aparecen responsabilidades concretas

    La última señal consiste en desplazar la conversación justo cuando esta se aproxima a una cuestión incómoda.

    Ante una pregunta concreta sobre contratos, presupuestos, plazos, decisiones o responsabilidades, el dirigente introduce otro asunto con mayor carga emocional. Puede recuperar un escándalo del adversario, mencionar una crisis internacional o lanzar una acusación inesperada.

    Las redes sociales completan el trabajo. La nueva polémica ocupa titulares, genera discusiones y expulsa al asunto anterior de la agenda pública.

    El resultado es una sucesión de controversias que nunca llegan a resolverse. Cada día aparece una indignación nueva antes de que la anterior produzca explicaciones o consecuencias.

    Para evitar esta maniobra hay que conservar la pregunta original:

    • ¿Qué sucedió?
    • ¿Quién tomó la decisión?
    • ¿Con qué información?
    • ¿Qué consecuencias tuvo?
    • ¿Quién debe responder por ello?

    Si después de una larga intervención ninguna de estas preguntas ha sido contestada, probablemente el cambio de tema era precisamente el objetivo.

    Crítica legítima frente a manipulación política

    Crítica legítimaManipulación políticaPresenta hechos y fuentes comprobables.Utiliza rumores, insinuaciones o datos sin contexto.Cuestiona una decisión concreta.Descalifica globalmente al adversario.Admite matices e incertidumbres.Divide la realidad entre buenos y enemigos.Permite corregir una afirmación.Convierte cualquier refutación en parte de la conspiración.Distingue entre Gobierno, Estado y sociedad.Identifica al partido o al líder con todo el país.Responde a las preguntas planteadas.Cambia de asunto cuando aparecen responsabilidades.Busca esclarecer lo sucedido.Busca movilizar miedo, ira o adhesión.

    También manipulamos cuando solo lo vemos en el adversario

    Existe una dificultad adicional: reconocemos con facilidad la manipulación cuando procede del partido contrario, pero nos cuesta mucho más detectarla cuando confirma nuestras propias ideas.

    La afinidad política reduce nuestras defensas. Compartimos mensajes sin comprobarlos, disculpamos exageraciones y aceptamos comportamientos que condenaríamos inmediatamente en el adversario.

    Por eso el pensamiento crítico no consiste en desconfiar solamente de quienes piensan distinto. Consiste en aplicar el mismo criterio a todos, especialmente a aquellos a los que votamos o con los que simpatizamos.

    Como expliqué en “La culpa la tiene otro”, cuando la incapacidad del gobernante es manifiesta, señalar continuamente al extremo contrario permite evitar el coste político de reconocer los errores propios.

    Esta dinámica se agrava cuando quienes gobiernan terminan rodeados de personas que filtran las malas noticias y refuerzan sus certezas, un fenómeno que analicé en La enfermedad del poder: cómo la política fabrica líderes desconectados de la realidad.

    Recuperar la conversación pública

    No podemos impedir que los partidos intenten imponer sus relatos. Pero sí podemos evitar participar automáticamente en ellos.

    Antes de compartir una noticia, conviene detenerse. Antes de reaccionar a una etiqueta, buscar el dato que supuestamente la justifica. Antes de defender a un dirigente, preguntarse si aceptaríamos esa misma conducta en su adversario.

    La manipulación necesita velocidad, enfrentamiento y memoria corta. El pensamiento crítico necesita exactamente lo contrario: tiempo, contexto y coherencia.

    Una democracia sana no exige ciudadanos neutrales ni desprovistos de ideología. Necesita ciudadanos capaces de exigir pruebas a todos y responsabilidades a quienes ejercen el poder.

    Porque cuando la política consigue decidir no solo de qué hablamos, sino también cómo debemos sentirnos y quién merece ser escuchado, ya no está intentando convencernos.

    Está intentando pensar por nosotros.

    ¿Cuál de estas siete señales observas con mayor frecuencia en la política actual? ¿Y somos capaces de reconocerla cuando procede del partido con el que simpatizamos?

    #Política #Manipulación #Desinformación #PensamientoCrítico #Democracia #RedesSociales #ComunicaciónPolítica

  • En una sala de espera cualquiera……

    Escribo estas líneas desde la hora número siete de una espera hospitalaria. Siete horas sin un parte médico, sin una frase, sin un “está estable, no se preocupe”. Siete horas en las que uno tiene tiempo de sobra para pensar, para imaginar lo peor y, sobre todo, para desarrollar una opinión muy sólida sobre el mobiliario.

    Empecemos por ahí, porque es lo único que puedo evaluar con datos de primera mano.

    El asiento

    El asiento de una sala de espera hospitalaria española es una obra maestra del diseño disuasorio. Polipropileno inyectado, color indefinido entre el beige institucional y el gris resignación, atornillado a una barra metálica junto a otros cuatro idénticos para que nadie tenga la tentación de moverlo ni de acercarse a quien llora al lado.

    La curvatura del respaldo merece un estudio aparte. Está calculada, con una precisión que me atrevo a llamar deliberada, para no coincidir con ninguna columna vertebral conocida. Ni la de un adulto, ni la de un niño, ni la de una señora de ochenta años que lleva desde las nueve de la mañana esperando noticias de su marido. Es una curva universalmente incómoda, y hay que reconocer el mérito: lograr algo universal es difícil.

    Los reposabrazos existen. Están ahí, fijos, indestructibles, colocados a una altura que garantiza dos cosas: que no puedas apoyar el codo sin levantar el hombro y que jamás, bajo ninguna circunstancia, puedas tumbarte. Porque tumbarse sería descansar, y descansar sería demasiado.

    A las cuatro horas, el plástico deja de ser un material y se convierte en una experiencia. A las cinco, uno descubre que el suelo tiene mejor prensa de la que imaginaba. A las seis, ya has probado las once posturas posibles y has vuelto a la primera, que era la peor, pero al menos era conocida.

    El resto de las prestaciones

    La sala cuenta con una máquina de vending que, todo hay que decirlo, es el único servicio de atención continuada del edificio. Nunca falla, nunca se retrasa, siempre responde. Ojalá pudiera decir lo mismo de la información.

    Hay una televisión colgada en la esquina, sin sonido, emitiendo un programa de cocina. He visto preparar un salmorejo mientras esperaba a saber si mi familiar seguía respirando. La ironía no me pasó desapercibida.

    Y está la puerta. La puerta que se abre y todas las cabezas se giran a la vez, ese movimiento sincronizado de doce personas que llevan horas ahí y que en ese medio segundo comparten exactamente la misma esperanza y el mismo miedo. Se abre, sale alguien con bata, dice un apellido que no es el tuyo, y doce cuerpos vuelven a hundirse en el polipropileno.

    Lo que en realidad se estaba esperando

    Y aquí termina el sarcasmo, porque el asiento no es el problema. El asiento es solo lo que uno puede permitirse criticar cuando no se atreve a decir en voz alta lo que de verdad le está pasando.

    En siete horas no se pedía un milagro. No se pedía una habitación individual, ni café gratis, ni un sofá. Se pedían treinta segundos. Treinta segundos de alguien saliendo a decir “seguimos con las pruebas, está estable, en cuanto sepamos algo salimos”. Eso no cuesta dinero. No requiere inversión, ni obra, ni presupuesto autonómico. Requiere que alguien haya decidido que la familia que espera fuera también forma parte del proceso asistencial.

    Y conste: esto no va contra los profesionales que están dentro. Van cortos de personal, encadenan turnos y hacen lo que pueden con lo que tienen. El problema no es la persona que no sale a informar; es el sistema que no ha previsto que alguien tenga que hacerlo. La comunicación con las familias no es cortesía. Es parte del cuidado, y es lo primero que se cae cuando todo lo demás va justo.

    La incertidumbre duele más que la mala noticia. Cualquiera que haya pasado una tarde entera en una de estas sillas lo sabe.

    Así que sí, cambien los asientos si quieren. Pónganlos acolchados, con reposacabezas, con lo que haga falta.

    Pero salgan a hablar con nosotros. Aunque sea de pie.

    Escrito desde la hora siete, en el asiento tres de la segunda fila.

    #Sanidad #SanidadPública #AtenciónAlPaciente #Humanización #Hospitales #Pacientes #Salud

  • La frustración al usar el sistema de salud.

    La espera que duele

    frustración de pacientes y familias ante la desidia del sistema público de salud
    Hay un momento muy concreto en el que la fe en el sistema sanitario público empieza a resquebrajarse. No suele ser un diagnóstico grave, ni siquiera una mala noticia médica. Es, casi siempre, una llamada que nadie contesta, un volante que se pierde entre mostradores, una cita que se da para dentro de ocho meses cuando el dolor no espera tanto. Es en ese instante pequeño, burocrático, aparentemente insignificante donde nace una frustración que millones de españoles conocen bien: la de sentirse invisibles ante un sistema que, en teoría, existe para cuidarlos.
    El tiempo como enemigo
    La lista de espera es, quizás, el símbolo más doloroso de esta desidia. Un paciente con un nódulo sospechoso que aguarda meses para una prueba diagnóstica no solo enfrenta la incertidumbre médica: enfrenta la angustia de saber que el tiempo, en medicina, puede ser la diferencia entre curarse y no hacerlo. Las familias que acompañan a un padre o una madre mayor a través de este laberinto describen una sensación compartida: la de empujar un sistema que no empuja de vuelta. Se hacen gestiones, se insiste, se llama, se pide cita tras cita, y aun así el reloj avanza con una lentitud que no responde a la urgencia real de quien sufre.
    Esta lentitud no es percibida como algo neutro. Cuando una familia ve cómo la atención especializada tarda meses en llegar mientras la enfermedad avanza, la espera deja de sentirse como un trámite administrativo y empieza a sentirse como un abandono.
    La atención primaria, agotada por dentro
    Gran parte de esa desidia percibida no nace de la mala voluntad de los profesionales, sino del colapso silencioso de la atención primaria. Médicos de familia con agendas de cuarenta o cincuenta pacientes al día, consultas de apenas cinco minutos, enfermeras desbordadas: el resultado es una atención que, por pura necesidad estructural, se vuelve superficial. El paciente que necesita ser escuchado con calma porque su malestar es difuso, porque su ansiedad también forma parte del cuadro clínico se encuentra con un profesional que, aunque quiera, no tiene tiempo para detenerse.
    Las familias interpretan esta prisa como indiferencia, aunque en realidad sea el síntoma de un sistema exigido más allá de su capacidad. Y ahí radica una de las paradojas más crueles: el desgaste del personal sanitario y la frustración de los pacientes son, en el fondo, dos caras de la misma herida, provocadas ambas por la misma falta de recursos.
    La burocracia como muro
    A la lentitud clínica se suma otra, más silenciosa y quizá más exasperante: la administrativa. Pedir una cita a través de aplicaciones que fallan, líneas telefónicas que no responden, papeleo que se traspapela entre atención primaria y especializada, informes que no llegan a tiempo al especialista que los necesita. Para una persona mayor sin destreza digital, o para una familia que ya está agotada emocionalmente por la enfermedad de un ser querido, cada uno de estos obstáculos se convierte en una batalla adicional que nadie debería tener que librar.
    Esta desconexión entre niveles asistenciales primaria, especializada, urgencias, hospitalización genera la sensación de que el sistema no dialoga consigo mismo, de que cada paciente debe cargar personalmente con la tarea de coordinar su propia atención, como si fuera gestor de su propio caso en lugar de receptor de un cuidado integral.
    Lo que está en juego
    Conviene no perder de vista lo esencial: el sistema público de salud español sigue siendo, pese a todo, universal y gratuito en el punto de atención, algo que millones de personas en otros países no pueden decir. Los profesionales que lo sostienen, muchas veces con medios insuficientes, cargan sobre sus hombros una responsabilidad enorme. La frustración de los pacientes no nace del rechazo al modelo público en sí, sino del contraste entre lo que ese modelo promete una salud protegida, un acceso equitativo y lo que la falta de inversión y de planificación permite entregar en la práctica.
    Es importante también reconocer que esta desidia no es homogénea: varía enormemente entre comunidades autónomas, entre zonas rurales y urbanas, entre hospitales bien dotados y centros de salud infrafinanciados. Hablar de «el sistema» como un bloque único simplifica una realidad compleja, hecha de decisiones políticas, presupuestarias y de gestión que se acumulan durante años y de personal que, a menudo, hace lo imposible con lo poco que tiene.
    Una frustración que merece ser escuchada
    Al final, lo que sienten pacientes y familias no es solo enfado: es una mezcla de impotencia, de soledad y de miedo a no ser atendidos a tiempo. Es la sensación de depender de un sistema sobre el que no tienen ningún control, en el momento más vulnerable de sus vidas. Reconocer esta frustración no es atacar la sanidad pública, sino defenderla: señalar sus grietas es, precisamente, la manera de exigir que se reparen antes de que se conviertan en algo irreversible.
    La salud pública española necesita más recursos, más personal, mejor coordinación digital y administrativa, y sobre todo, tiempo el bien más escaso y más necesario devuelto tanto a quienes cuidan como a quienes son cuidados. Solo así la espera dejará de doler tanto.

  • El gobernante actual!

    El chivo expiatorio ideológico: por qué la política española prefiere culpar al «extremo» contrario antes que reconocer sus propios errores

    Cada vez que algo sale mal en España un descarrilamiento, un apagón, un escándalo de corrupción, una crisis migratoria, un fallo en la gestión de una emergencia se repite un mismo guion. El político de turno, en vez de asumir responsabilidad política o técnica, señala hacia el extremo ideológico opuesto: quien gobierna desde la izquierda culpa a «la ultraderecha» y sus bulos; quien gobierna o hace oposición desde la derecha culpa al «sanchismo», al «comunismo» o a la «ultraizquierda». El resultado es un debate público que gira menos en torno a hechos verificables y más en torno a quién logra colocar antes la etiqueta al rival.

    Un patrón que se repite en ambos lados

    Los ejemplos recientes no faltan, y no son patrimonio de un solo color político.

    En mayo de 2025, tras el caos ferroviario que paralizó la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y afectó a miles de viajeros, el ministro de Transportes llegó a apuntar a un sabotaje de motivación política. La investigación posterior determinó que el origen había sido un robo de cobre cometido por delincuentes comunes, sin ninguna conexión política. Un caso similar se dio cuando una candidata del PSOE al ayuntamiento de Madrid mostró ante los medios un cuchillo que le habían enviado y responsabilizó directamente a «la ultraderecha», o cuando el entonces ministro del Interior alimentó en varias entrevistas el relato de una agresión homófoba en Malasaña que la propia Policía ya ponía en duda internamente; el episodio terminó desmontándose poco después.

    En el verano de 2026, ante una crisis migratoria en Ceuta, el Gobierno recurrió de nuevo al argumentario de los bulos y el «movimiento reaccionario internacional». Esta vez, sin embargo, la explicación no convenció ni siquiera a sus propios socios parlamentarios, que le pidieron explicaciones concretas sobre lo ocurrido en lugar de aceptar la atribución genérica a fuerzas ultraderechistas.

    El mismo mecanismo, en espejo, opera desde el otro extremo. Analistas han documentado cómo el entorno de Vox construye de forma sistemática relatos que presentan cualquier medida del Gobierno en política migratoria, exterior o de igualdad como una «traición» orquestada, conectándola con tramas de globalismo, independentismo o incluso terrorismo ya desaparecido. Tras el estallido de un conflicto militar en Oriente Medio a comienzos de 2026, en menos de 72 horas circuló en el ecosistema digital afín a esa formación una oleada coordinada de desinformación sobre la postura del Gobierno español. También se ha señalado el uso oportunista de tragedias: tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en enero de 2026, con decenas de fallecidos, el líder de Vox utilizó las primeras horas de la tragedia, con la investigación aún abierta, para atribuir el suceso a la «incapacidad» y la «corrupción» del Gobierno, sin esperar a que se establecieran las causas técnicas del siniestro.

    También el Partido Popular ha sido señalado por alimentar, en catástrofes como la DANA o los incendios forestales, discursos de descrédito institucional generalizado que, según varios analistas, terminan beneficiando electoralmente sobre todo a las opciones más a su derecha, aunque el objetivo inmediato sea desgastar al Gobierno central.

    Más recientemente, sectores de Vox con cierta connivencia del PP en algunos casos han impulsado teorías sobre un supuesto fraude electoral vinculado al DNI digital y a la ley que facilita la nacionalidad a descendientes de españoles, sin que existan pruebas de irregularidades en el sistema de escrutinio.

    Por qué resulta tan rentable políticamente

    Este patrón no es casualidad ni un simple defecto de carácter de algunos dirigentes: responde a incentivos muy concretos del sistema político y mediático español.

    Evita el coste de admitir un error.

    Reconocer una gestión deficiente un tren mal mantenido, una alerta que no llegó a tiempo, un fallo de coordinación tiene un coste político inmediato y medible en encuestas. Culpar a un «enemigo ideológico» difuso, en cambio, no exige rendir cuentas ante nadie verificable.

    Refuerza la identidad de los votantes propios.

    La polarización funciona como un mecanismo de movilización: recordarle al electorado que existe un «extremo» amenazante enfrente reactiva la lealtad de voto incluso cuando el desempeño de gestión es pobre.

    Se apoya en una base real de desinformación existente.

    El hecho de que existan efectivamente bulos, cuentas coordinadas y teorías de la conspiración en ambos extremos del espectro da cierta credibilidad inicial a la acusación, aunque luego se use de forma indiscriminada para tapar errores propios que nada tienen que ver con ninguna campaña de desinformación.

    El ciclo mediático premia la velocidad, no la precisión.

    Señalar a un culpable ideológico en las primeras horas de una crisis genera más cobertura inmediata que esperar a una investigación técnica, aunque después haya que desdecirse, como ocurrió con el supuesto sabotaje ferroviario.

    El coste para el debate público

    El problema de fondo no es que la desinformación y las teorías de la conspiración no existan existen, y se documentan de forma creciente en el entorno de varios partidos, no solo de uno. El problema es que la denuncia legítima de esos fenómenos se ha convertido en una herramienta retórica de uso oportunista, aplicada también a fallos de gestión que no tienen ningún origen ideológico: robos de material, errores de mantenimiento, fallos de coordinación entre administraciones.

    Cuando cualquier fallo se explica automáticamente por una conspiración del extremo contrario, dos cosas se pierden a la vez: se diluye la credibilidad de las denuncias reales de desinformación (porque el término se banaliza por sobreuso) y desaparece el incentivo para que los responsables políticos rindan cuentas por su propia gestión. El resultado es un debate público cada vez más centrado en quién es «el otro extremo» y cada vez menos en si los trenes llegan a su hora, si las alertas funcionan o si las instituciones cumplen su trabajo.

  • Políticos y poder, una enfermedad que los evade de la realidad

    Hay un fenómeno que se repite con una regularidad casi matemática en la historia de la política, en cualquier país, bajo cualquier ideología y en cualquier época: el político que llega al poder con un discurso cercano, con conocimiento fino de las preocupaciones de la calle, y que en cuestión de meses a veces semanas empieza a hablar, a decidir y a comportarse como si viviera en otro planeta. No es una metáfora exagerada. Es un patrón tan consistente que politólogos, psicólogos organizacionales y neurocientíficos llevan décadas intentando explicarlo. A ese patrón se le ha llamado de muchas formas: “burbuja del poder”, “síndrome del césar”, “hubris syndrome”. Todas apuntan a lo mismo: el poder, ejercido durante el tiempo suficiente y sin los contrapesos adecuados, altera la forma en que una persona percibe la realidad que gobierna.

    El político antes del cargo

    Conviene empezar por el principio, porque el contraste es la clave de todo el fenómeno. El candidato, en campaña, vive pegado al territorio. Recorre mercados, visita asociaciones de vecinos, escucha quejas sobre listas de espera, sobre el precio del alquiler, sobre el estado de una carretera. Necesita ese contacto porque su supervivencia política depende de él: sin votos no hay cargo. En esta fase, la retroalimentación es constante, directa y muchas veces incómoda. El candidato discute, es interpelado, a veces abucheado. Esa fricción, por desagradable que resulte, cumple una función esencial: mantiene actualizado el mapa mental que ese político tiene de la sociedad a la que aspira a representar.

    Es un momento de máxima permeabilidad. Y es, no por casualidad, el momento en que los discursos suenan más creíbles, más conectados con lo que la gente efectivamente vive. El problema no es que ese político mienta entonces y diga la verdad después, o viceversa. El problema es que el propio mecanismo de acceso a la información sobre la realidad cambia por completo en cuanto se cruza la puerta de la institución.

    El día después de la victoria

    En el momento en que un candidato gana unas elecciones o asciende a un puesto de responsabilidad, ocurre algo estructural, no solo simbólico: cambia radicalmente el conjunto de personas con las que interactúa a diario. Desaparecen, o se reducen drásticamente, los ciudadanos anónimos, los periodistas hostiles, los rivales que señalan errores sin filtro. Aparecen, en cambio, asesores, jefes de gabinete, escoltas, funcionarios de protocolo y compañeros de partido cuya carrera depende, en mayor o menor medida, de mantener una buena relación con esa persona.

    Ese cambio de entorno no es neutro. La ciencia del comportamiento organizacional lleva estudiado este fenómeno bajo el nombre de “sesgo de deferencia jerárquica”: cuando una persona ocupa una posición de autoridad, quienes le rodean tienden, de forma sistemática, a suavizar las malas noticias, a callar las discrepancias y a anticiparse a lo que creen que esa persona quiere escuchar. No hace falta que exista mala fe. Basta con el instinto humano, absolutamente racional desde el punto de vista individual, de evitar el conflicto con quien tiene poder sobre la propia carrera.

    El resultado es que el político empieza a recibir una versión filtrada, editada y casi siempre optimista de la realidad. Los informes que llegan a su mesa han pasado ya por varias capas de “maquillaje” antes de llegar. Las reuniones se preparan para minimizar la sorpresa y el disenso. Poco a poco, sin que nadie lo planifique de forma consciente, se construye alrededor del líder una especie de invernadero informativo: todo lo que entra ha sido climatizado previamente.

    El aislamiento como arquitectura, no como accidente

    Aquí conviene hacer una precisión importante: este aislamiento no es simplemente un efecto colateral desafortunado del cargo, es también, en buena medida, una consecuencia de cómo están diseñadas las estructuras de poder. La agenda de un alto cargo la gestiona un equipo que decide, en la práctica, con quién habla y con quién no, qué información le llega en primer lugar y cuál se pospone o resume. La seguridad física, necesaria por razones evidentes, añade una capa adicional de separación respecto al ciudadano de a pie: cada vez son menos los paseos improvisados, más los trayectos programados entre espacios controlados.

    Se genera así una paradoja de proporciones considerables: cuanto más poder acumula una persona sobre la vida de millones de ciudadanos, menos exposición directa tiene a la experiencia concreta de esos ciudadanos. Gestiona la sanidad pública sin hacer cola en un centro de salud. Decide sobre transporte sin coger el autobús en hora punta. Legisla sobre vivienda sin haber buscado piso en el mercado actual. No por desprecio, sino porque su vida cotidiana ha quedado, literalmente, blindada de esas experiencias.

    La trampa psicológica: cuando el entorno confirma lo que uno quiere creer

    A esta arquitectura institucional se le suma un mecanismo psicológico que la refuerza: el sesgo de confirmación. Todo ser humano tiende a dar más crédito a la información que confirma sus creencias previas y a descartar, minimizar o cuestionar la que las contradice. En una persona sin poder, este sesgo tiene un límite natural: la realidad se impone tarde o temprano, porque uno mismo sufre las consecuencias de sus errores de percepción.

    En una persona con poder político, ese límite se difumina. Si un ministro cree que una reforma está funcionando bien, es fácil encontrar en su entorno a alguien dispuesto a traerle datos que refuercen esa creencia, y más difícil encontrar a alguien dispuesto a plantarse frente a él con cifras incómodas, sabiendo que hacerlo puede costarle el puesto o la confianza del jefe. Con el tiempo, el político deja de calibrar su percepción con la realidad externa y empieza a calibrarla con la reacción de su propio entorno, que a su vez ha aprendido a reflejar lo que el político quiere ver. Es un circuito cerrado que se retroalimenta a sí mismo, cada vez más alejado del terreno.

    A esto se añade un fenómeno bien documentado por la psicología social: la exposición prolongada a la deferencia ajena gente que aplaude, que asiente, que rara vez contradice tiende a inflar la autopercepción de competencia y de infalibilidad. El profesor David Owen, antiguo ministro británico y médico, acuñó el término “síndrome de hybris” para describir un patrón clínico observable en líderes que llevan tiempo en el poder: exceso de confianza, desprecio por el consejo ajeno, pérdida de contacto con la realidad y tendencia a ver el mundo en términos grandilocuentes, casi mesiánicos. No lo describió como una metáfora literaria, sino como un patrón de comportamiento con síntomas reconocibles, comparables en su estructura a otros trastornos adquiridos por el contexto.

    El lenguaje como síntoma

    Uno de los indicadores más claros de este proceso es el cambio en el lenguaje. El político que empezó hablando de “la señora que no llega a fin de mes” o “el problema de las listas de espera en mi barrio” acaba, con el tiempo, hablando en términos agregados, estadísticos, casi contables: “hemos mejorado los indicadores macroeconómicos”, “los datos son objetivamente positivos”, “la percepción no se corresponde con la realidad de las cifras”. Esta última frase, de hecho, es una de las más reveladoras y más repetidas en la historia política reciente de numerosos países: cuando un gobernante empieza a decir que “la gente no percibe bien” lo bien que van las cosas, suele ser la señal más clara de que se ha producido una desconexión, porque en democracia la percepción ciudadana no es un error de cálculo que corregir, es precisamente el dato que un representante está obligado a escuchar.

    ¿Es esto inevitable?

    No del todo, y aquí está la parte más útil de este análisis. Existen liderazgos que logran mantener, incluso durante años en el poder, un grado razonable de conexión con la realidad. Lo que tienen en común no es la ausencia de las presiones descritas esas presiones existen siempre, sino la existencia de mecanismos deliberados para contrarrestarlas.

    Algunos ejemplos recurrentes: rodearse activamente de personas dispuestas a llevar la contraria, y no solo tolerarlas sino protegerlas institucionalmente; mantener canales de información que no pasen por el filtro del propio gabinete, como visitas no anunciadas o encuentros directos con ciudadanos sin guion previo; exigir que los informes incluyan de forma explícita los datos negativos y no solo los positivos; y, quizá lo más difícil de sostener en el tiempo, cultivar una relación personal con alguien pareja, amigo de toda la vida, mentor que no dependa profesionalmente del cargo y que, por tanto, no tenga ningún incentivo para adular.

    Ninguno de estos mecanismos es una vacuna infalible. Todos requieren un esfuerzo consciente y sostenido, porque la inercia natural del sistema empuja siempre en la dirección contraria, hacia el aislamiento. Es, en cierto modo, como nadar contracorriente: en el momento en que se deja de remar activamente contra la corriente del entorno, la corriente gana.

    Una cuestión que no es solo de carácter

    Es tentador atribuir todo este fenómeno a la personalidad de cada político: “este es más humilde”, “aquel siempre fue soberbio”. Pero reducirlo a una cuestión de carácter individual oculta lo más importante: se trata, sobre todo, de un fenómeno estructural, previsible y, hasta cierto punto, diseñado por la propia arquitectura del poder. Casi cualquier persona, situada en ese mismo entorno con ese mismo equipo, esa misma agenda blindada, esa misma exposición sistemática a la deferencia, terminaría experimentando, en mayor o menor grado, el mismo proceso de desconexión.

    Esto tiene una implicación importante para el debate público: en lugar de limitarse a exigir mejores personas para el cargo lo cual, siendo deseable, no basta, las democracias maduras deberían prestar más atención al diseño institucional que rodea al poder. Mecanismos de rendición de cuentas robustos, prensa independiente con capacidad real de fiscalización, oposición política con acceso efectivo a la información, y una cultura interna dentro de las administraciones que no penalice a quien lleva malas noticias, son todos ellos contrapesos que reducen nunca eliminan del todo la probabilidad de que el poder acabe fabricando líderes incapaces de ver el país que dicen gobernar.

    Al final, la política no falla únicamente cuando un líder toma malas decisiones. Falla, de forma más profunda y más silenciosa, cuando ese líder deja de tener acceso a la información necesaria para saber que está tomando malas decisiones. Y para cuando esa desconexión se hace visible desde fuera en un discurso que suena hueco, en una promesa que nadie reconoce como propia, en una sorpresa electoral que a él le resulta inexplicable, suele ser demasiado tarde para revertirla desde dentro.

  • Introducción

    Pocos documentos en la historia moderna han causado tanto daño como un texto que ni siquiera es lo que dice ser. Los “Protocolos de los Sabios de Sion” no son el acta de una conspiración judía para dominar el mundo, como pretenden; son una falsificación política fabricada en la Rusia zarista de principios del siglo XX, construida en gran parte mediante el plagio de una sátira francesa que no tenía absolutamente nada que ver con los judíos. Y sin embargo, más de un siglo después de que su falsedad fuera demostrada de forma concluyente periodística, judicial e históricamente,  el texto sigue reeditándose, citándose y, sobre todo, sigue proporcionando la estructura narrativa de fondo para buena parte del antisemitismo conspirativo contemporáneo.

    Este ensayo se propone tres objetivos. Primero, reconstruir con el máximo detalle posible el proceso de fabricación del documento: quién lo escribió, con qué materiales, en qué contexto político y con qué finalidad inmediata. Segundo, describir el proceso también fascinante como caso de investigación documental mediante el cual fue desenmascarado como fraude, primero por vía periodística y después judicial, y explicar por qué esa refutación, pese a ser concluyente, no logró detener su circulación. Tercero, y quizá lo más importante para un lector de 2026, analizar con detalle su influencia observable en la sociedad actual: en el negacionismo del Holocausto, en las teorías conspirativas sobre finanzas, tecnología, entretenimiento y salud pública, en la violencia política motivada por ideología extremista, y en los mecanismos de amplificación digital que le han dado una segunda vida completamente inesperada en la era de internet.

    Primera parte: el contexto histórico que hizo posible el fraude

    El antisemitismo estructural del Imperio ruso

    Para entender por qué los Protocolos nacieron precisamente en la Rusia de comienzos del siglo XX, hay que partir de una realidad estructural: el Imperio ruso mantenía, desde el siglo XVIII, un sistema legal de segregación conocido como la “Zona de Asentamiento” (Cherta osedlosti), que confinaba a la mayoría de la población judía del imperio a una franja territorial en el oeste, con restricciones severas sobre dónde podían vivir, qué profesiones podían ejercer y a qué universidades podían acceder. Sobre esta base legal de discriminación institucionalizada se sostenía además una cultura popular de antisemitismo religioso heredado de siglos de predicación ortodoxa que presentaba a los judíos como responsables colectivos de la muerte de Cristo, y de mitos medievales como el del “libelo de sangre” (la acusación, completamente falsa, de que los judíos asesinaban niños cristianos con fines rituales), que seguía circulando y provocando linchamientos, los llamados pogromos, hasta bien entrado el siglo XX.

    En este contexto, el Imperio ruso atravesaba además una crisis política profunda: derrotas militares, hambrunas periódicas, un movimiento revolucionario creciente y una monarquía absoluta cada vez más deslegitimada. Los sectores más reaccionarios del régimen, agrupados en torno a organizaciones como la Unión del Pueblo Ruso (Sotnia Negra o Cien Negros), encontraron en el antisemitismo una herramienta doblemente útil: por un lado, permitía canalizar el descontento popular hacia un chivo expiatorio fácilmente identificable; por otro, permitía desacreditar al conjunto del movimiento reformista y revolucionario presentándolo como una máscara de intereses judíos ajenos a Rusia, en lugar de reconocerlo como lo que era, un movimiento social heterogéneo con raíces en las propias contradicciones internas del imperio.

    La policía secreta y el papel de la Ojrana

    Aunque durante décadas circuló la afirmación repetida en numerosos libros de divulgación de que los Protocolos fueron encargados directamente por la Ojrana (la policía secreta zarista) como un proyecto de propaganda deliberada, los historiadores especializados en el tema, como Michael Hagemeister o Cesare De Michelis, han matizado esta versión: la evidencia documental directa de una autoría institucional centralizada es más fragmentaria de lo que la narrativa popular sugiere. Lo que sí está bien establecido es que el texto circuló en ambientes vinculados al ala más reaccionaria del aparato de seguridad ruso, que su primera publicación conocida se sitúa en el entorno de Sant Petersburgo hacia 1903, en el periódico Znamya (La Bandera), dirigido por Pavel Krushevan, un publicista conocido por su activismo antisemita que también estuvo implicado en la instigación del pogromo de Kishinev de ese mismo año, uno de los más sangrientos de la época. Esta coincidencia cronológica y personal entre el editor del texto y uno de los episodios de violencia antijudía más notorios del periodo no es casual: ilustra que los Protocolos nacieron como parte de un ecosistema propagandístico ya existente, no como un invento aislado.

    Serguéi Nílov y la versión “mística” del texto

    La versión de los Protocolos que alcanzó mayor difusión internacional fue la incluida por el escritor místico ruso Serguéi Nílov (Sergei Nilus) en la tercera edición de su libro Lo grande en lo pequeño (1905), donde presentó el texto como parte de una narrativa apocalíptica y religiosa sobre la llegada del Anticristo. Nílov, una figura próxima a los círculos esotéricos y ultraconservadores de la corte, dotó al documento de un aura casi profética que resultó decisiva para su posterior recepción: no se trataba ya de un simple panfleto político, sino de una “revelación” que encajaba en un marco de expectativas escatológicas muy extendido en ciertos sectores de la sociedad rusa de la época. Esta doble naturaleza documento político y texto cuasi religioso explica en parte por qué los Protocolos lograron un tipo de adhesión emocional que otros panfletos antisemitas de la época no consiguieron.

    La Revolución rusa y la reinterpretación bolchevique

    Tras la Revolución de 1917, los Protocolos experimentaron una notable resignificación. Los sectores contrarrevolucionarios rusos agrupados en el llamado movimiento “blanco” durante la guerra civil (1917-1922) utilizaron el texto para presentar la revolución bolchevique no como el resultado de las profundas tensiones sociales, económicas y militares que arrastraba Rusia desde hacía décadas, sino como la culminación de la conspiración judía que el documento supuestamente había anunciado con quince años de antelación. Este argumento resultaba especialmente eficaz porque, si bien la inmensa mayoría de los bolcheviques eran de origen no judío, algunos de sus dirigentes más visibles como León Trotski sí lo eran, un hecho que la propaganda blanca explotó sistemáticamente para sostener la ficción de una revolución “judía” disfrazada de movimiento obrero internacional.

    Segunda parte: la fabricación literaria del fraude

    Maurice Joly y el Diálogo en el infierno

    El elemento más revelador de todo el caso y el que permitió finalmente desenmascararlo con total precisión filológica es el origen literario del texto. En 1864, el abogado, periodista y polemista francés Maurice Joly publicó de forma clandestina en Bruselas (para evitar la censura del Segundo Imperio) una obra titulada Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Se trataba de una sátira política contra el régimen autoritario de Napoleón III, estructurada como una serie de conversaciones imaginarias en el más allá entre el filósofo político Nicolás Maquiavelo, convertido en portavoz del cinismo autoritario  y el pensador ilustrado Montesquieu, defensor de las libertades constitucionales.

    En los diálogos, el personaje de Maquiavelo expone, uno por uno, los métodos que un gobernante despótico debería emplear para consolidar su poder absoluto: controlar la prensa mediante la compra de periódicos o la creación de medios afines disfrazados de independientes, fomentar divisiones artificiales entre los opositores para debilitarlos, sustituir el debate político por el espectáculo y el entretenimiento de masas, manipular el sistema financiero en beneficio del poder central, y utilizar la demagogia y el liberalismo aparente como instrumentos de control social, no de emancipación real. Nada de esto tenía relación alguna con los judíos; era, sencillamente, una crítica al bonapartismo francés escrita por un opositor liberal que, de hecho, pagó su valentía política con la cárcel y terminó suicidándose en 1878, empobrecido y olvidado.

    El mecanismo exacto del plagio

    Lo que el investigador Philip Graves demostró en 1921, y que estudios filológicos posteriores han confirmado con un detalle casi milimétrico, es que los autores de los Protocolos tomaron largos pasajes del texto de Joly en algunos capítulos, más del cuarenta por ciento del contenido es una reproducción casi literal y realizaron una operación de sustitución sistemática: donde Joly escribía “el príncipe” o “el gobierno absoluto”, los falsificadores escribieron “nosotros” o “el pueblo judío”; donde Joly hablaba de las técnicas de cualquier tirano genérico, los Protocolos las presentaban como el plan específico de una supuesta élite judía mundial. El orden de los argumentos, la estructura en capítulos, e incluso metáforas y giros retóricos concretos, se mantienen casi intactos entre ambos textos. Esta correspondencia estructural es la prueba filológica definitiva del fraude: no es que los Protocolos “se parezcan” vagamente a la obra de Joly, es que son, en una proporción sustancial, una reescritura de ella con el sujeto cambiado.

    A esta base de Joly, los falsificadores rusos añadieron además elementos tomados de otra fuente: la novela alemana Biarritz (1868), del escritor antisemita Hermann Goedsche (que publicaba bajo el seudónimo de Sir John Retcliffe), que incluye un capítulo de ficción ambientado en un supuesto encuentro secreto nocturno de representantes de las doce tribus de Israel en el cementerio judío de Praga, donde planificarían el dominio mundial. Este episodio, puramente literario y de género gótico-fantástico, fue tomado por los falsificadores como si fuera un relato factual y sirvió de inspiración argumental para el marco narrativo general del complot que los Protocolos pretenden documentar.

    Por qué el plagio resulta tan revelador

    El hecho de que los Protocolos sean, en su núcleo, una obra derivada de una sátira política francesa contra un emperador francés y de una novela de ficción gótica alemana, resulta especialmente revelador porque desmonta cualquier posible defensa de “autenticidad parcial” del documento. No estamos ante un texto que contenga algo de verdad exagerada o distorsionada; estamos ante un collage literario deliberado, construido mediante la apropiación de obras de ficción y de crítica política preexistentes, con el único fin de crear la apariencia de un documento secreto real. Esta es la razón por la que, desde el punto de vista de la metodología histórica, el caso de los Protocolos no se considera “discutido” ni “controvertido” entre historiadores profesionales: la evidencia filológica del plagio no admite interpretaciones alternativas razonables.

    Tercera parte: el proceso de desenmascaramiento

    Philip Graves y el papel de la prensa británica

    La investigación de Philip Graves, corresponsal de The Times de Londres en Constantinopla, constituye uno de los episodios más notables de periodismo de investigación documental de la primera mitad del siglo XX. En 1921, Graves recibió de un antiguo oficial ruso, identificado en sus artículos únicamente por las iniciales “X”, un ejemplar de la obra de Maurice Joly, que el propio informante había adquirido de un antiguo miembro de la Ojrana. Al comparar el texto ruso de los Protocolos que ya circulaba ampliamente en Europa occidental gracias a la edición inglesa de 1920 publicada por Eyre & Spottiswoode bajo el título The Jewish Peril con la obra de Joly, Graves pudo establecer las correspondencias textuales de forma sistemática y las publicó en una serie de tres artículos en The Times, en agosto de 1921, bajo el título “The Truth About ‘The Protocols’: A Literary Forgery” (“La verdad sobre los ‘Protocolos’: una falsificación literaria”).

    El impacto de estos artículos fue notable en los círculos periodísticos e intelectuales de la época: The Times, uno de los diarios de mayor prestigio del mundo, que había publicado reseñas relativamente favorables o al menos ambiguas sobre los Protocolos apenas un año antes, se retractaba ahora de forma explícita y documentada. Sin embargo, como ocurriría repetidamente a lo largo del siglo, la desmentida periodística, por rigurosa que fuera, no logró frenar la circulación del texto en amplios sectores de la opinión pública, que ya habían incorporado sus argumentos a marcos ideológicos previos y no dependían de la autenticidad factual del documento para seguir sosteniendo sus creencias.

    El proceso judicial de Berna (1934-1935)

    El episodio que otorgó al desenmascaramiento un estatus jurídico formal tuvo lugar en Suiza. La comunidad judía de Berna, junto con la Asociación de Comunidades Israelitas Suizas, presentó una demanda contra los distribuidores locales de los Protocolos vinculados al Frente Nacional Suizo, una organización de tendencia fascista alegando que su difusión violaba la ley cantonal contra la literatura “inmoral” o difamatoria (Schundliteraturgesetz). El proceso, que se extendió entre 1933 y 1935, incluyó peritajes documentales de gran rigor, entre ellos el testimonio experto del propio Philip Graves y de otros investigadores que presentaron ante el tribunal la comparación textual completa entre los Protocolos y la obra de Joly.

    El 14 de mayo de 1935, el tribunal de Berna emitió su veredicto, declarando que los Protocolos eran, en efecto, una falsificación (Fälschung) y una obra plagiada, y condenó a los distribuidores por difusión de literatura inmoral. Aunque este veredicto fue posteriormente revocado en apelación por un tribunal superior en 1937 no porque se cuestionara la autenticidad del fraude documental, sino por una interpretación restrictiva de si el caso encajaba técnicamente en la ley suiza contra la “literatura inmoral”, una cuestión de procedimiento legal, no de hechos históricos el proceso de Berna quedó como la referencia judicial más citada en la historia de la desacreditación del texto, y sus actas, incluyendo el detallado análisis pericial, constituyen hasta hoy una fuente documental de primer orden para los historiadores del antisemitismo.

    Cuarta parte: la propagación internacional del fraude

    La diáspora rusa blanca y la llegada a Europa occidental

    Tras la derrota del movimiento blanco en la guerra civil rusa, cientos de miles de refugiados muchos de ellos procedentes de los círculos aristocráticos, militares y clericales más conservadores del antiguo régimen emigraron a Europa occidental, especialmente a Alemania, Francia y el Reino Unido. Esta diáspora actuó como vector de transmisión directo de los Protocolos, que llevaban consigo como parte de su explicación personal de por qué habían perdido la guerra civil y por qué el mundo que conocían se había derrumbado. Berlín, en particular, se convirtió en un importante centro de traducción y edición del texto al alemán durante los primeros años de la República de Weimar, en un contexto de humillación nacional tras la derrota en la Primera Guerra Mundial que resultaba extraordinariamente receptivo a narrativas que explicaran esa derrota como producto de una “puñalada por la espalda” orquestada por enemigos internos, entre los que el antisemitismo señalaba sistemáticamente a la población judía alemana.

    Henry Ford y la campaña estadounidense

    En Estados Unidos, la figura decisiva en la propagación del texto fue el industrial Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company y una de las personalidades más admiradas del país en la década de 1920 por su papel en la popularización del automóvil. A partir de 1920, Ford financió a través de su periódico personal, The Dearborn Independent, una serie de noventa y un artículos bajo el título genérico “El judío internacional: el problema más importante del mundo”, basados en gran medida en el contenido de los Protocolos, que Ford presentaba como una fuente fiable. Estos artículos fueron posteriormente compilados en cuatro volúmenes bajo el título El judío internacional, que llegaron a distribuirse en cientos de miles de ejemplares no solo en Estados Unidos, sino traducidos a varios idiomas europeos, incluido el alemán, donde tuvieron una influencia documentada sobre el pensamiento antisemita del NSDAP en sus primeros años.

    La implicación de Ford resultó decisiva por dos razones: primero, por su enorme prestigio público, que otorgaba al texto una pátina de respetabilidad que no habría tenido de proceder únicamente de círculos marginales; segundo, porque Ford disponía de la capacidad financiera e industrial para asegurar una distribución verdaderamente masiva, comparable a la de cualquier gran campaña de comunicación corporativa de la época. En 1927, tras una demanda judicial presentada por Aaron Sapiro, un abogado y activista judío que había sido blanco directo de las acusaciones del Dearborn Independent, Ford se retractó públicamente, cerró la publicación y ofreció disculpas formales. Sin embargo, para entonces el daño propagandístico ya era irreversible: el propio Adolf Hitler, en el segundo volumen de Mein Kampf (1926), elogió expresamente a Ford, y una fotografía de Ford presidía el despacho de Hitler en Múnich según testimonios de la época, un dato que ilustra hasta qué punto la campaña estadounidense había cruzado el Atlántico en sentido inverso, retroalimentando la propaganda nazi en gestación.

    El Tercer Reich: de la propaganda al genocidio

    En la Alemania nazi, los Protocolos dejaron de ser un simple panfleto de circulación marginal para convertirse en material educativo y propagandístico de carácter oficial. El régimen los incorporó a los planes de estudio de las escuelas del Reich como si se tratara de un documento histórico legítimo, y figuras clave del aparato ideológico nazi, como Alfred Rosenberg autor de comentarios y ediciones anotadas del texto y Julius Streicher, editor del periódico ultra-antisemita Der Stürmer, lo citaron de forma constante como prueba de la existencia de una conspiración judía mundial que justificaba, a ojos del régimen, la necesidad de medidas cada vez más radicales de “defensa” del pueblo alemán.

    Es importante subrayar, como hacen los historiadores del Holocausto de forma unánime, que los Protocolos no fueron la causa única ni siquiera principal del antisemitismo nazi, que hundía sus raíces en una tradición mucho más amplia y antigua de prejuicio religioso, racial y económico europeo. Pero sí funcionaron como una pieza de propaganda extraordinariamente útil dentro del aparato ideológico del régimen, porque ofrecían una supuesta “prueba documental” un texto con apariencia de acta secreta, de origen aparentemente judío que permitía presentar el antisemitismo no como un prejuicio irracional, sino como una respuesta “defensiva” y racional ante una amenaza real y planificada. Los historiadores Norman Cohn, en su influyente estudio Warrant for Genocide (1967) título que puede traducirse como “orden de ejecución para un genocidio”  y posteriormente Hannah Arendt, en su análisis de los orígenes del totalitarismo, coincidieron en señalar que los Protocolos actuaron como una suerte de coartada intelectual que facilitó, en la mentalidad de amplios sectores de la sociedad alemana y de otros países ocupados, la aceptación o al menos la pasividad ante las políticas de exterminio que culminarían en el Holocausto, en el que fueron asesinados aproximadamente seis millones de judíos europeos.

    Los Protocolos en los procesos de Núremberg

    Durante los Juicios de Núremberg (1945-1946), en los que se juzgó a los principales dirigentes del régimen nazi por crímenes de guerra y contra la humanidad, la cuestión de los Protocolos fue abordada explícitamente por la fiscalía como parte del análisis del aparato propagandístico que había hecho posible el genocidio. Los fiscales aliados presentaron el uso sistemático del texto en la educación y la propaganda del Reich como evidencia de la construcción deliberada de un marco ideológico que deshumanizaba a la población judía y preparaba psicológicamente a la sociedad alemana, y a los propios ejecutores directos del exterminio, para participar en él o tolerarlo. Este uso judicial del caso Protocolos consolidó de forma definitiva, en el ámbito del derecho internacional, su condición de instrumento de incitación al genocidio, no de documento político legítimo sujeto a debate.

    Quinta parte: la posguerra y la persistencia en Oriente Medio

    Declive relativo en Occidente y estudio académico

    Tras la derrota del nazismo y la revelación pública completa de la magnitud del Holocausto, la circulación abierta de los Protocolos disminuyó de forma notable en la Europa occidental y en Estados Unidos, donde el antisemitismo explícito quedó fuertemente estigmatizado en el discurso público mayoritario durante las décadas siguientes. En este periodo, el texto pasó a ser objeto de estudio académico riguroso más que de propaganda de masas: obras como la ya citada Warrant for Genocide de Norman Cohn, o estudios posteriores de historiadores como Cesare De Michelis (The Non-Existent Manuscript, 2004) y Michael Hagemeister, reconstruyeron con enorme detalle documental el proceso completo de fabricación del fraude, consolidando el consenso historiográfico que sigue vigente hoy.

    Un hito cultural relevante de este periodo académico fue la novela El cementerio de Praga (2010) del semiólogo y novelista italiano Umberto Eco, que reconstruye de forma ficcionada, pero basada en una investigación histórica exhaustiva, el proceso de fabricación de documentos falsos de este tipo en la Europa del siglo XIX, utilizando el caso de los Protocolos como referencia central para explorar cómo se construyen y se propagan las falsificaciones conspirativas a lo largo de la historia.

    La traducción y difusión en el mundo árabe

    Un capítulo especialmente significativo para entender la persistencia contemporánea del texto es su recepción en Oriente Medio, donde encontró una nueva vida a partir de mediados del siglo XX, en el contexto del conflicto árabe-israelí. Las primeras traducciones al árabe circularon ya en el periodo de entreguerras, pero su difusión se intensificó notablemente tras la fundación del Estado de Israel en 1948 y las sucesivas guerras árabe-israelíes.

    En determinados países de la región, los Protocolos se han reeditado en numerosas ocasiones, en algunos casos con prólogos que los presentan como un documento histórico auténtico sin advertir de su condición de fraude probado, y han sido citados en medios de comunicación estatales o afines a distintos gobiernos, así como en materiales educativos de algunos países, lo cual ha sido documentado y criticado repetidamente por organismos internacionales como la UNESCO y por organizaciones de derechos humanos. Un ejemplo históricamente documentado de esta persistencia es su mención explícita en el texto fundacional de 1988 de la organización palestina Hamás, donde se citan los Protocolos como referencia dentro de una narrativa conspirativa sobre el control judío de instituciones internacionales; cabe señalar que en documentos posteriores de la propia organización, como el de principios de 2017, esta referencia explícita fue retirada, aunque el marco conspirativo general se mantuvo presente en otros elementos de su discurso.

    Es importante matizar, como hacen los especialistas en la región, que esta persistencia no debe leerse como un rasgo esencial o permanente de la cultura árabe o islámica, sino como el resultado de una combinación específica de factores históricos y políticos el trauma del desplazamiento palestino, la instrumentalización propagandística por parte de determinados regímenes autoritarios, y la importación de material ya elaborado en Europa que ha convivido, y sigue conviviendo, con voces intelectuales y religiosas dentro de esas mismas sociedades que han denunciado explícitamente el texto como una falsificación antisemita europea ajena a las tradiciones islámicas clásicas.

    La Unión Soviética y el “antisionismo” instrumentalizado

    Durante buena parte de la Guerra Fría, la propaganda oficial soviética, especialmente a partir de la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel tras la Guerra de los Seis Días de 1967, desarrolló una intensa campaña de “antisionismo” que, según han documentado numerosos historiadores especializados en el periodo, en ocasiones reprodujo tropos y estructuras argumentales prácticamente indistinguibles de las que sostienen los Protocolos, aunque formalmente dirigidos contra “el sionismo” como ideología política más que contra los judíos como grupo religioso o étnico. Publicaciones oficiales soviéticas de la época, como el libro El sionismo sin máscara (1963) del funcionario Trofim Kichko, resultaron tan explícitamente antisemitas en su iconografía y argumentación que provocaron críticas incluso desde partidos comunistas occidentales, ilustrando cómo la estructura narrativa de los Protocolos podía sobrevivir traduciéndose a un vocabulario político nominalmente distinto.

    Sexta parte: la era digital y la reconfiguración del mito

    De la imprenta a internet

    La llegada de internet transformó radicalmente las condiciones de circulación de los Protocolos. Si en el siglo XX su difusión dependía de la impresión y distribución física de libros y panfletos, un proceso costoso y relativamente rastreable, la era digital permitió una circulación prácticamente sin fricciones ni coste marginal: el texto completo está disponible hoy en múltiples idiomas en cuestión de segundos a través de cualquier buscador, alojado en servidores dispersos por todo el mundo que dificultan enormemente cualquier intento de retirada coordinada.

    Organizaciones especializadas en el monitoreo del antisemitismo digital, como la Liga Antidifamación (ADL), el Centro Simon Wiesenthal o el Instituto para el Diálogo Estratégico, han documentado de forma sistemática, a través de informes anuales, la persistencia y en ocasiones el repunte de referencias directas o indirectas a los Protocolos en foros de discusión, canales de mensajería cifrada y plataformas de vídeo, particularmente en periodos de crisis social, económica o sanitaria, cuando la demanda pública de explicaciones simples para fenómenos complejos tiende a intensificarse.

    La amplificación algorítmica

    Un fenómeno específicamente contemporáneo, y ampliamente estudiado por investigadores de la desinformación, es el papel de los sistemas de recomendación automatizados de las grandes plataformas. Investigaciones académicas y periodísticas entre ellas trabajos del Data & Society Research Institute y de académicos como Zeynep Tufekci han documentado cómo, en determinados periodos, los algoritmos de recomendación de plataformas de vídeo tendieron a dirigir a usuarios que consumían cierto tipo de contenido conspirativo hacia material relacionado, incluyendo referencias a los Protocolos, a menudo presentado bajo la apariencia de “documentales alternativos” o “investigaciones históricas silenciadas” que omiten deliberadamente, o directamente niegan, el contexto de su desacreditación histórica y judicial. Esta dinámica de recomendación, orientada a maximizar el tiempo de visualización más que la veracidad del contenido ha sido identificada como un factor de radicalización progresiva en varios estudios de caso, lo que ha llevado a distintas plataformas a desarrollar políticas específicas de moderación de contenido antisemita y de desinformación histórica, con resultados desiguales y objeto de debate continuo sobre su eficacia real.

    Reformulaciones temáticas del mito en el siglo XXI

    Quizá el aspecto más relevante para comprender la vigencia actual de los Protocolos no sea la circulación del texto original, hoy relativamente minoritaria fuera de círculos ya comprometidos ideológicamente, sino la persistencia de su estructura narrativa aplicada a nuevos ámbitos, algo que ya se anticipaba en el análisis inicial de esta serie de textos. Esta estructura identificar un sector de gran relevancia social, señalar una presencia judía real o exagerada en él, e interpretarla como prueba de coordinación secreta con fines de dominación se ha ido desplazando a lo largo de las últimas décadas hacia distintos objetivos:

    La banca y las finanzas. Es, junto con los medios de comunicación, el ámbito de aplicación más antiguo y persistente del mito, centrado históricamente en la familia Rothschild, convertida en una suerte de sinécdoque simbólica de “el poder judío financiero” en incontables teorías conspirativas desde el siglo XIX hasta la actualidad, pese a que la influencia real y específica de esa familia bancaria concreta en las finanzas mundiales del siglo XXI es marginal en comparación con la de fondos de inversión, bancos centrales y conglomerados financieros de muy diverso origen.

    Los medios de comunicación y Hollywood. La industria del entretenimiento estadounidense, en la que históricamente trabajaron numerosos fundadores de estudios de origen judío un dato biográfico real, producto de las restricciones que excluían a los inmigrantes judíos de otros sectores económicos más establecidos en el Estados Unidos de comienzos del siglo XX, lo que los empujó hacia industrias entonces nuevas y de bajo prestigio social, como el cine, ha sido reinterpretada de forma recurrente como prueba de un control cultural coordinado, ignorando tanto la complejidad accionarial y directiva actual de esas empresas, hoy cotizadas y controladas por inversores institucionales globales, como el contexto histórico de exclusión que explica aquella presencia inicial.

    La tecnología y Silicon Valley. En años más recientes, teorías conspirativas de estructura idéntica han señalado a determinados directivos tecnológicos de origen judío como parte de un supuesto plan de control social a través de las redes sociales y la inteligencia artificial, replicando el mismo patrón argumental aplicado a un sector completamente nuevo.

    La sanidad y la industria farmacéutica. Como se mencionó al inicio de esta serie de reflexiones, este es uno de los ámbitos de aplicación más recientes y, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19, uno de los que ha experimentado un crecimiento más notable en su circulación digital. La combinación de una desconfianza social legítima hacia determinadas prácticas de la industria farmacéutica precios abusivos, escándalos de mala praxis corporativa documentados judicialmente, opacidad en ensayos clínicos con la matriz narrativa heredada de los Protocolos ha dado lugar a teorías que atribuyen la producción y distribución de vacunas o tratamientos a una supuesta coordinación étnica secreta, en lugar de analizarlas con las herramientas propias del análisis económico, regulatorio y corporativo que se aplicarían a cualquier otra industria multinacional.

    La teoría del “Gran Reemplazo” y su relación estructural

    Una de las reformulaciones más influyentes y con mayores consecuencias documentadas en términos de violencia política es la denominada teoría del “Gran Reemplazo”, popularizada por el escritor francés Renaud Camus a partir de 2011, que sostiene que las poblaciones europeas de mayoría blanca estarían siendo deliberadamente sustituidas mediante políticas de inmigración masiva. En numerosas variantes de esta teoría, ampliamente documentadas por investigadores del extremismo como Jean-Yves Camus (sin relación familiar) o el Southern Poverty Law Center, se atribuye la supuesta orquestación de ese “reemplazo” a una coordinación judía encubierta, replicando de manera casi exacta la estructura argumental de los Protocolos, actualizada con el vocabulario demográfico y migratorio propio del siglo XXI.

    Esta teoría ha sido citada explícitamente, según ha sido ampliamente documentado por la investigación policial y periodística posterior, en los manifiestos difundidos por los autores de varios ataques terroristas de motivación supremacista perpetrados en la última década en distintos países, entre ellos los ocurridos en Pittsburgh (Estados Unidos, 2018), Christchurch (Nueva Zelanda, 2019) y El Paso (Estados Unidos, 2019), en los que las víctimas pertenecían, según el caso, a comunidades judías, musulmanas o migrantes latinoamericanas. Este dato, documentado de forma exhaustiva por los propios informes policiales y judiciales de cada país, así como por organizaciones especializadas en el seguimiento del extremismo violento, ilustra de la manera más grave posible que la estructura narrativa originada en los Protocolos no es un fenómeno meramente discursivo o académico, sino un marco ideológico con capacidad demostrada de motivar violencia letal en el mundo contemporáneo.

    Séptima parte: mecanismos psicológicos y sociales de persistencia

    Por qué la refutación factual no basta

    Uno de los hallazgos más consistentes de la investigación académica sobre teorías conspirativas, desarrollada especialmente desde la psicología social a partir de trabajos de autores como Karen Douglas, Robert Brotherton o Michael Barkun, es que la exposición a evidencia que refuta un mito conspirativo raramente resulta suficiente para modificar la creencia de quienes ya lo sostienen, y en algunos casos puede incluso reforzarla, un fenómeno conocido como “efecto de refuerzo por contraargumentación” (backfire effect), aunque su alcance real y sus condiciones de aparición siguen siendo objeto de debate metodológico en la literatura especializada más reciente.

    Esto se explica porque la adhesión a teorías como los Protocolos no suele basarse en una evaluación racional de la evidencia disponible, sino que cumple funciones psicológicas más profundas: ofrece una explicación simple y moralmente clara (buenos contra malos) para fenómenos sociales genuinamente complejos y multicausales; proporciona una sensación de control y comprensión frente a la ansiedad que genera la incertidumbre de crisis económicas, sanitarias o políticas; y otorga a quien la sostiene una identidad de “conocedor de la verdad oculta” frente a una mayoría social presuntamente engañada, lo cual resulta psicológicamente gratificante independientemente de la veracidad objetiva de esa supuesta verdad.

    El papel de las crisis colectivas como catalizador

    Un patrón histórico consistente, documentado a lo largo de todo este ensayo, es que la circulación de los Protocolos y de sus reformulaciones temáticas tiende a intensificarse en periodos de crisis colectiva aguda: la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa en el momento de su fabricación y primera difusión internacional; la Gran Depresión durante la etapa de mayor influencia de Henry Ford; la humillación nacional alemana de entreguerras durante el ascenso del nazismo; y, en el periodo más reciente, la crisis financiera global de 2008 y la pandemia de COVID-19 de 2020-2021, ambas asociadas por múltiples estudios a repuntes mensurables en la circulación de contenido conspirativo de estructura antisemita en plataformas digitales. Este patrón sugiere que el mito de los Protocolos no funciona como una creencia estática, sino como un recurso narrativo latente que la sociedad o determinados sectores de ella reactiva de forma recurrente cada vez que se enfrenta a transformaciones sociales rápidas y difíciles de explicar mediante marcos de análisis convencionales.

    Octava parte: respuestas institucionales y educativas

    El marco legal en distintos países

    La respuesta institucional a la circulación de los Protocolos y de material antisemita relacionado varía notablemente según el marco legal de cada país. Alemania, Francia y otros países europeos mantienen legislaciones específicas que penalizan la negación del Holocausto y, en algunos casos, la difusión de material antisemita clasificado como incitación al odio, un marco legal que tiene su origen directo en la experiencia histórica del nazismo. Estados Unidos, por el contrario, debido a las protecciones constitucionales de la Primera Enmienda, mantiene un enfoque radicalmente distinto que prioriza la libertad de expresión incluso para contenido que en Europa sería ilegal, trasladando la respuesta principal al ámbito de la educación pública, el contradiscurso social y las políticas privadas de moderación de contenido de las plataformas digitales, más que a la vía penal.

    Educación y memoria histórica

    Instituciones como el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos, Yad Vashem en Jerusalén, o el Centro Simon Wiesenthal, desarrollan programas educativos específicamente orientados a explicar el origen fraudulento de los Protocolos y su papel histórico en la construcción de la ideología genocida nazi, bajo la premisa respaldada por buena parte de la investigación en educación cívica de que la comprensión detallada del mecanismo de fabricación y difusión de un mito conspirativo concreto resulta más eficaz para desarrollar pensamiento crítico duradero que la simple afirmación de que “es falso”, sin mayor contextualización del proceso.

    La UNESCO, por su parte, ha promovido desde hace décadas programas de educación sobre el Holocausto y de alfabetización mediática dirigidos a identificar y contextualizar históricamente teorías conspirativas de estructura antisemita, entendiendo que su persistencia en el siglo XXI no es simplemente un problema de acceso a información verídica hoy más disponible que nunca gracias a la propia investigación histórica reseñada en este ensayo,  sino un problema más amplio de alfabetización crítica sobre cómo se construyen, circulan y se reactivan este tipo de narrativas a lo largo del tiempo.

    Conclusión

    Los Protocolos de los Sabios de Sion representan un caso de estudio excepcional, quizá único en su género, sobre cómo una falsificación históricamente demostrada con un nivel de rigor filológico, periodístico y judicial extraordinariamente sólido puede, pese a todo, seguir moldeando el imaginario político más de un siglo después de su fabricación en la Rusia zarista. Su recorrido histórico desde un panfleto de circulación local vinculado a sectores reaccionarios del Imperio ruso, pasando por su instrumentalización como coartada ideológica del genocidio nazi, hasta su reformulación digital aplicada a sectores tan diversos como la banca, la tecnología, el entretenimiento o la sanidad en el siglo XXI constituye una lección que trasciende ampliamente el caso concreto del documento.

    Esa lección puede resumirse así: la refutación factual, por sólida y bien documentada que sea, no basta por sí sola para desactivar un mito que cumple funciones psicológicas, sociales y políticas más profundas que la mera transmisión de información verificable. Comprender con el máximo detalle posible el origen fraudulento del texto, el mecanismo exacto de su plagio literario, las razones históricas de su propagación internacional y los mecanismos contemporáneos algorítmicos, sociales, psicológicos que explican su persistencia digital, no es un ejercicio meramente académico o de curiosidad histórica. Es, ante todo, una herramienta necesaria para poder identificar la misma estructura narrativa cuando reaparece, actualizada y aplicada a un nuevo objetivo, y para poder distinguir con claridad la crítica legítima a instituciones, corporaciones o políticas concretas que siempre debe seguir siendo posible en una sociedad democrática de la reproducción, consciente o inconsciente, de uno de los fraudes documentales más dañinos, y con consecuencias humanas más graves, de toda la historia contemporánea.

  • Introducción

    Durante más de dos siglos, la prensa ocupó en solitario el lugar del “cuarto poder”: el contrapeso no institucional capaz de vigilar al Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial. En España, ese papel se consolidó tarde tras décadas de censura franquista, pero con fuerza, convirtiéndose en un actor decisivo de la Transición y de la democracia posterior. Sin embargo, en las dos últimas décadas ha emergido un actor nuevo que compite, y en muchos terrenos supera, a la prensa tradicional en capacidad de movilización: las redes sociales y sus figuras más influyentes, los llamados “influencers”. A este nuevo actor lo llamaremos aquí el “quinto poder”. Este ensayo repasa la evolución del cuarto poder en el clima político español, analiza el ascenso del quinto poder, ofrece una valoración subjetiva sobre cuál tiene hoy más capacidad real de transformar sociedades y derribar gobiernos, señala las obras teóricas que sustentan ambos fenómenos y cierra con ejemplos prácticos del siglo XXI.

    El cuarto poder en España: de la Transición a la crisis de confianza

    La prensa española moderna nace políticamente comprometida con la democratización del país. Cabeceras como El País (1976) se fundaron explícitamente como instrumentos de modernización y apertura, mientras que otras, como ABC o La Vanguardia, venían de una trayectoria más larga y conservadora. Durante los años ochenta y noventa, el periodismo de investigación tuvo un peso extraordinario: los casos GAL, Filesa o los escándalos de corrupción del felipismo mostraron a una prensa capaz de desgastar gobiernos y precipitar alternancias políticas. Ese fue, probablemente, el punto álgido del cuarto poder español: una prensa con audiencias masivas, sin competencia digital, y con capacidad casi monopolística para fijar la agenda pública.

    A partir de los 2000 comienza un declive estructural. Tres fenómenos lo explican:

                      1.              La polarización y la pérdida de independencia percibida. Los grandes grupos de comunicación fueron quedando asociados a bloques ideológicos o a intereses empresariales concretos, lo que erosionó la confianza ciudadana en su neutralidad.

                      2.              La crisis económica del sector. La caída de la publicidad impresa y la migración del gasto publicitario hacia plataformas digitales debilitaron financieramente a los medios tradicionales, reduciendo redacciones y capacidad de investigación.

                      3.              La irrupción de internet y las redes sociales, que rompieron el monopolio de la prensa sobre la distribución de la información.

    El 15-M de 2011 marca un punto de inflexión simbólico: un movimiento social de gran escala que se organizó y difundió en gran medida al margen de los medios tradicionales, apoyándose en Twitter y en redes horizontales de activistas. Fue una de las primeras señales claras, en España, de que el monopolio informativo de la prensa se había roto.

    El quinto poder: redes sociales e influencers

    Si el cuarto poder se apoyó en la credibilidad institucional y en el acceso privilegiado a la información, el quinto poder se apoya en otra cosa: la cercanía, la autenticidad percibida y el acceso directo y sin intermediarios a audiencias masivas, especialmente jóvenes. En España este fenómeno tiene protagonistas muy concretos: Ibai Llanos, AuronPlay, el Rubius o Grefg en el terreno del entretenimiento; cuentas de TikTok e Instagram en el terreno de la opinión política más o menos explícita; y estrategias digitales deliberadas por parte de partidos políticos.

    El caso de Vox es paradigmático. Ante su distancia con buena parte de los medios generalistas, el partido ha construido de forma consciente una red de youtubers y creadores de contenido afines, apostando fuerte por YouTube, Instagram y TikTok como canales para llegar a un público joven sin depender de la prensa tradicional. Su dirección de comunicación ha llegado a pedir explícitamente a sus afiliados una “unidad digital” para disputar el relato en redes, describiendo ese terreno como el único en el que consideran que pueden ganar la batalla comunicativa.

    Pero el quinto poder no es solo un instrumento partidista: también ha capturado a los propios gobiernos. El hecho de que un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez felicitara públicamente a Ibai Llanos por una emisión en Twitch, o que años después el propio streamer se convirtiera en un actor mediático cuyas opiniones sobre resultados electorales eran recogidas y comentadas por deportistas, políticos y periodistas, ilustra hasta qué punto el eje de la conversación pública se ha desplazado.

    Valoración subjetiva: ¿quién tiene hoy más poder real?

    Esta es, inevitablemente, una valoración interpretativa y no un hecho demostrado estadísticamente, pero puede argumentarse con bastante solidez:

    En capacidad de derribar gobiernos concretos, el cuarto poder conserva una ventaja institucional. La investigación periodística clásica documentos, fuentes, comprobación de hechos sigue siendo la herramienta que destapa tramas de corrupción, filtra papeles comprometedores o saca a la luz irregularidades con consecuencias judiciales. Un influencer puede amplificar un escándalo, pero rara vez lo descubre; normalmente lo recoge de una investigación previa de un medio.

    En capacidad de moldear el pensamiento y el comportamiento cotidiano de la sociedad, el quinto poder ya ha adelantado al cuarto. Las redes sociales determinan qué temas entran en la conversación pública, en qué términos se discuten y con qué velocidad se polarizan. Los algoritmos deciden qué ve cada persona, reforzando cámaras de eco que ninguna redacción periodística puede igualar en escala ni en personalización. Además, el quinto poder tiene una ventaja que el cuarto nunca tuvo: la sensación de cercanía y autenticidad. Un influencer no se percibe como una institución con intereses, sino como “alguien como yo”, lo que le otorga una credibilidad emocional que la prensa institucional ha ido perdiendo.

    Mi valoración es que el liderazgo global de la agenda pública y del comportamiento social ya pertenece al quinto poder, mientras que el cuarto poder conserva un papel de retaguardia imprescindible: sin periodismo de investigación no hay materia prima que las redes puedan viralizar, pero sin redes esa materia prima ya no llega, ni con la misma fuerza, a la mayoría de la población, especialmente a la más joven.

    Los libros que sustentan ambos poderes

    Sobre el cuarto poder y la opinión pública:

                      •               Public Opinion (1922), de Walter Lippmann, el texto fundacional sobre cómo se construye la opinión pública a través de los medios.

                      •               Manufacturing Consent (1988), de Edward S. Herman y Noam Chomsky,  el “modelo de propaganda” sobre cómo los intereses económicos moldean la agenda mediática.

                      •               Sobre la televisión (1996), de Pierre Bourdieu, una crítica sociológica de la lógica del espectáculo en el periodismo televisivo.

                      •               Understanding Media (1964), de Marshall McLuhan, el origen de la idea de que “el medio es el mensaje”, esencial para entender cómo el formato condiciona el contenido.

    Sobre el quinto poder, las redes y los algoritmos:

                      •               The Age of Surveillance Capitalism (2019), de Shoshana Zuboff,  el análisis más citado sobre cómo las plataformas convierten la atención humana en un recurso económico y político.

                      •               #Republic (2017), de Cass Sunstein, sobre la fragmentación de la esfera pública en burbujas informativas.

                      •               En el enjambre (2013), de Byung-Chul Han,  una reflexión filosófica breve pero influyente sobre cómo las redes transforman la comunicación y el poder.

                      •               The Attention Merchants (2016), de Tim Wu,  una historia de cómo la atención se convirtió en la mercancía central de los medios, incluidos los digitales.

    Ejemplos prácticos del siglo XXI

                      •               15-M (España, 2011): organización y difusión de un movimiento social masivo casi al margen de los grandes medios, usando Twitter como herramienta central de convocatoria.

                      •               Primaveras árabes (2010-2012): Facebook y Twitter como herramientas de coordinación de protestas que derribaron gobiernos en Túnez y Egipto, mostrando por primera vez a escala global el potencial disruptivo de las redes frente a regímenes establecidos.

                      •               Brexit y Cambridge Analytica (Reino Unido, 2016): el uso de datos personales en redes sociales para microsegmentar mensajes políticos, con un impacto que sigue siendo objeto de debate pero que evidenció el poder persuasivo de la publicidad digital dirigida.

                      •               Donald Trump y Twitter (EE. UU., 2016-2021): un presidente que gobernó buena parte de su comunicación pública prescindiendo casi por completo de la prensa tradicional como intermediaria.

                      •               Estrategia digital de Vox (España, 2020-2025): construcción deliberada de una red de creadores afines en YouTube, Instagram y TikTok para sustituir la cobertura de medios generalistas de los que el partido se siente alejado.

                      •               Ibai Llanos y la política española: desde el saludo público de Pedro Sánchez en Twitter hasta la relevancia que adquieren sus comentarios sobre resultados electorales, un streamer sin cargo ni credencial periodística se ha convertido en un actor cuya opinión se comenta en la conversación política nacional.

                      •               El caso Chiara Ferragni (Italia, 2023-2024): el ejemplo inverso, y también revelador: una influencer con enorme poder de prescripción de consumo vio desplomarse su credibilidad y su negocio tras un escándalo de marketing engañoso, mostrando que el quinto poder, pese a su fuerza, sigue siendo vulnerable a mecanismos de rendición de cuentas cuando la prensa tradicional investiga y documenta los hechos.

    Conclusión El cuarto poder español ha pasado de ser un actor casi hegemónico en la Transición a compartir el terreno, y en muchos aspectos a ceder protagonismo, ante un quinto poder disperso, veloz y emocionalmente cercano a la ciudadanía. Ninguno de los dos puede hoy prescindir del otro: la prensa necesita las redes para amplificar su trabajo y llegar a audiencias jóvenes; las redes necesitan, en última instancia, el trabajo de verificación e investigación que solo el periodismo profesional sigue siendo capaz de sostener con garantías. El poder de “levantar y derrocar imperios” y hoy, gobiernos  ya no reside en un único actor, sino en la intersección cada vez más estrecha entre ambos

  • Hace veinte años, verificar una noticia exigía esfuerzo: buscar una segunda fuente, comprar

    otro periódico, esperar al telediario. Hoy basta con deslizar el pulgar. Y ahí está el problema:

    hemos ganado velocidad de acceso a la información y hemos perdido, casi al mismo ritmo,

    la costumbre de comprobarla.

    Un país que sabe que está rodeado de bulos… y aun así los comparte

    Los datos españoles de 2026 son contundentes. Según el barómetro del CIS de mayo, más del 90% de los ciudadanos cree que en España circulan «muchos o bastantes» bulos, y un 85% los considera una amenaza directa para la democracia. El Digital News Report España 2026 confirma que España es uno de los países europeos más preocupados por la desinformación, con un 74% de la población inquieta al respecto, en paralelo a un abandono acelerado de los medios tradicionales en favor de las redes sociales como puerta de entrada a la actualidad.

    Lo llamativo no es que exista desinformación siempre la ha habido, sino la paradoja que revela el estudio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt): tener estudios superiores no protege de creer bulos. Un ejemplo citado en ese informe es revelador: la idea de que los algoritmos de redes sociales muestran “lo que nos gusta” en lugar de aquello que maximiza nuestra atención mediante emociones es un error extendido en todos los niveles educativos. El problema no es de inteligencia, es de diseño: las plataformas están optimizadas para la permanencia y la reacción emocional, no para la exactitud.

    El móvil como acelerador de credibilidad ciega

    El dispositivo móvil ha cambiado la forma en que procesamos la información en tres sentidos que perjudican directamente el pensamiento crítico: Consumo fragmentado y sin contexto: leemos titulares en el bolsillo del autobús o en la fila del supermercado, sin el tiempo ni el entorno mental para contrastar. Confusión entre fuente y contenido: en el scroll infinito, un vídeo viral y una noticiaverificada ocupan el mismo espacio visual y generan la misma sensación de autoridad.

    Refuerzo algorítmico de creencias previas: cuanto más interactuamos con un tipo de contenido, más de ese mismo contenido y de sus sesgos recibimos, cerrando el círculo de confirmación.

    Un estudio reciente sobre desinformación en TikTok relacionada con la protección solar ilustra bien el mecanismo: las plataformas impulsaron el contenido crítico con la ciencia establecida muy por encima de la información contrastada, no porque fuera mayoritario, sino porque un puñado de creadores con formatos “pegajosos” generaron una interacción desproporcionada. La exposición repetida, aunque sea minoritaria en volumen, termina aumentando la percepción de veracidad en el conjunto de la audiencia.

    El daño real: más allá de la anécdota El coste no es solo informativo, es social y psicológico: Erosión de la confianza institucional: los españoles culpan de la desinformación sobre todo a políticos (57%) e influencers (54,5%), mientras que la confianza en los científicos se mantiene alta (83,8%) frente a la que reciben periodistas (31%) y políticos (11,9%). El resultado es una sociedad que confía en el conocimiento en abstracto pero desconfía de casi todos sus intermediarios.

    Ansiedad y desgaste emocional: no es solo un problema de “creerse algo falso”; genera angustia sostenida, especialmente en torno a temas sanitarios y económicos.

    Polarización política: seis de cada diez españoles sitúan la política como el terreno donde más desinformación se produce, muy por delante de salud o seguridad, lo que retroalimenta la crispación del debate público.

    Normalización de la desinformación cotidiana: ya no se limita a grandes crisis; ha colonizado la nutrición, la salud o el cambio climático, temas que antes se consideraban terreno seguro.

    ¿A quién afecta más? El mapa social del bulo

    No todos los estratos sociales son igual de vulnerables, y conviene desmontar el mito deque “los jóvenes, nativos digitales, están vacunados”: Personas mayores: son el grupo con mayor exposición práctica al problema. En torno al 80% usa WhatsApp de forma habitual, canal predilecto para la circulación de bulos, y una parte relevante reconoce no saber siempre distinguir una noticia falsa de una verdadera. La desinformación política les genera angustia en más del 60% de los casosy la sanitaria en torno al 40%. Aun así, especialistas advierten de que reducir esto a una cuestión de edad roza el edadismo: el verdadero factor es la alfabetización digital, no los años.

    Adolescentes y jóvenes: pese a su soltura técnica, suelen carecer del criterio necesario para diferenciar publicidad, opinión y hecho, lo que los hace especialmente permeables a mensajes camuflados de humor o meme, y a la autoridad percibida de influencers.

    Población con menor alfabetización mediática y científica, independientemente de su nivel educativo formal: como señala el estudio Fecyt, el factor protector real no es tener un título universitario, sino haber desarrollado hábitos concretos de verificación.

    Zonas con mayor brecha digital y menor acceso a fuentes plurales, donde la información llega filtrada casi en exclusiva por cadenas de reenvíos y grupos cerrados, sin el contraste que ofrecería un ecosistema mediático más diverso.

    La inteligencia artificial no crea el problema: lo multiplica

    Aquí es donde la conversación se vuelve urgente para cualquiera que trabajemos con estas tecnologías a diario. La IA generativa no ha inventado el bulo, pero ha resuelto sus tres cuellos de botella históricos: coste, escala y realismo.

    Escala industrial: los deepfakes han pasado de medio millón de piezas en circulación en 2023 a unos ocho millones en 2025, según estimaciones del sector de ciberseguridad, con tasas de crecimiento anual cercanas al 900%.

    Democratización del acceso: crear un deepfake de calidad ya no exige un estudio de producción; existe un mercado con precios que van desde algunos cientos hasta varios miles de dólares por minuto de contenido, accesible a cualquier actor malicioso. Pérdida de las señales de detección: los defectos que antes delataban un contenido sintético —sombras inconsistentes, iluminación artificial, gestos poco naturales— están desapareciendo al ritmo en que mejoran los modelos, mientras las herramientas de detección corren por detrás.

    Automatización de la desinformación con “argumento”: ya no hablamos solo de imágenes sueltas, sino de agentes de IA capaces de generar narrativas completas y coherentes a gran escala, ajustadas en tiempo real a los eventos que dominan la actualidad.

    El fenómeno del “AI slop”: contenido sintético de baja calidad pero alto impacto emocional, diseñado únicamente para generar clics y monetización, que se acopla de forma oportunista a cualquier crisis informativa.El resultado es una crisis de segundo orden, quizá más peligrosa que el propio bulo: la duda razonable sobre todo. Cuando cualquier imagen, audio o vídeo puede ser sintético, hasta el contenido auténtico pierde capacidad de prueba. No solo se cree lo falso; se empieza a dudar también de lo verdadero. Una reflexión desde la logística, no tan alejada del tema

    En mi trabajo diario con inteligencia artificial aplicada a la gestión de almacenes trabajo con un principio básico: un modelo es tan fiable como los datos y el criterio humano que lo supervisan. Con la información que consumimos como sociedad ocurre exactamente lo mismo. La tecnología no es neutral ni maligna por sí sola; el problema aparece cuando delegamos el criterio por completo en el algoritmo, ya sea para decidir cuánto stock pedir o

    para decidir qué creer.

    La alfabetización mediática y digital no solo entre mayores o adolescentes, sino transversal a toda la sociedad es hoy tan urgente como cualquier competencia técnica. Un 86% de los españoles reclama regulación más estricta y un 88% pide códigos obligatorios para las plataformas. El respaldo social existe. Falta, sobre todo, que cada uno de nosotros recupere el hábito más sencillo y menos glamuroso de todos: antes de compartir, contrastar.

    Vidal Gamonales Gaspar